Última actualización: Martes, 23 Junio 2020, 23:12 GMT

Nicaragua: La criminalización de la disidencia en Nicaragua impide abrir el diálogo

Fuente Centro de Noticias ONU
Fecha de publicación 22 Febrero 2019
Citar como Centro de Noticias ONU, Nicaragua: La criminalización de la disidencia en Nicaragua impide abrir el diálogo, 22 Febrero 2019, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5c703c124.html [Accesado el 2 Julio 2020]
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Durante los últimos seis meses se cuentan por centenares el número de personas bajo arresto o en prisión preventiva por su presunta participación en las protestas que tuvieron meses atrás. También se han dictado condenas contra los líderes de la oposición. En muchos, casos con falta de transparencia y dudas sobre el respeto de sus derechos. La Oficina de Derechos Humanos pide la liberación de quienes fueron detenidos por manifestarse pacificamente.

Si persisten los arrestos y condenas de nicaragüenses que manifiestan opiniones divergentes con el Gobierno, las iniciativas de diálogo para resolver la crisis en el país centroamericano se verán "inevitablemente socavadas", señaló este viernes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet recordó que durante los últimos seis meses se cuentan por centenares el número de personas bajo arresto o en prisión preventiva en relación con su presunta participación en las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio de 2018, cuando se registraron las manifestaciones contra la reforma de la seguridad social puesta en marcha por el Gobierno, que se ampliaron después a otras demandas sociales.

A la vez, desde el pasado mes de diciembre varios tribunales de Managua han dictado sentencias condenatorias e impuesto graves penas a varios líderes de la oposición y comunitarios, algunos de ellos colaboradores de las Naciones Unidas, poniendo en tela de juicio la independencia del poder judicial.

Preocupación por las garantías legales

El portavoz de la Alta comisionada, Rupert Colville, denunció que en muchos casos se ha producido falta de transparencia, dudas en relación a la credibilidad e independencia de los testigos, limitaciones inadecuadas de las pruebas y testigos presentado por las defensas y restricciones de acceso entre abogados y acusados.

"Estoy profundamente preocupada por la aparente falta de debido proceso y el aumento de la criminalización de la disidencia en Nicaragua", dijo Bachelet.

"El arresto y encarcelamiento de líderes de la oposición, posiblemente en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU, dificulta claramente la creación del entorno propicio para mantener un diálogo genuino e inclusivo, que el Gobierno dice querer".

Entre las condenas que se han producido recientemente "en circunstancias muy controvertidas" se incluye la del líder estudiantil Jonathan López, condenado a cinco años y tres meses de cárcel; los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, sentenciados a 216 y a 210 años de prisión respectivamente; y los exmilitares Carlos Brenes y Tomás Maldonado para los que la Fiscalía pide 32 y 34 años respectivamente.

"Se necesita una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas que participaron en las protestas, para garantizar que los casos hayan sido tratados adecuadamente en cada etapa por la Policía, los fiscales y los jueces", dijo Bachelet.

Liberar a los detenidos

"También insto a las autoridades a que liberen a todas las personas privadas de libertad en relación con su derecho intrínseco a la protesta pacífica y la disidencia, y que garanticen que las personas que cooperan con la ONU y otras organizaciones de derechos humanos no sufran represalias", añadió Bachelet.

A este grupo de nicaragüenses se le ha de añadir otro formado por estudiantes, periodistas y un juez de la Corte Suprema que han abandonado el país.

El pasado mes de agosto, el Gobierno nicaragüense dio por concluida una invitación a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Previamente, la oficina publicó un informe en el que denunciaba la represión y las represalias continúan en el país.

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