Última actualización: Viernes, 18 Octubre 2019, 18:49 GMT

Colombia: El nuevo Gobierno de Colombia debe consolidar la paz

Fuente Centro de Noticias ONU
Fecha de publicación 26 Julio 2018
Citar como Centro de Noticias ONU, Colombia: El nuevo Gobierno de Colombia debe consolidar la paz, 26 Julio 2018, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5b5b64ca4.html [Accesado el 22 Octubre 2019]
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Una serie de desafíos amenazan la implementación del Acuerdo de Paz, y el Gobierno del presidente electo Iván Duque, que comienza el próximo 7 de agosto, debe trabajar para remediar las divisiones existentes entre los colombianos, así como abordar la incertidumbre entre los excombatientes y las comunidades rurales y ofrecerles seguridad y protección.

La violencia en las zonas de conflicto, en particular contra dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, la proliferación de grupos ilegales y el crecimiento de la economía de la coca, junto con la frustración y el temor que sienten los excombatientes y las comunidades rurales que consideran que han sido obviados por el proceso de paz, no dejan lugar a dudas de la magnitud de los problemas que aguardan al nuevo Gobierno, dice un nuevo informe del Secretario General de la ONU.

En medio de la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas, políticas y de seguridad para quienes dejaron las armas, "la tarea que es necesario acometer ahora es la de consolidar la paz", asegura António Guterres en su reporte trimestral al Consejo de Seguridad, que presentó este jueves su representante, Jean Arnault.

El informe coincide con la culminación de una etapa del proceso de paz de Colombia y el comienzo de otra, con la inauguración del nuevo Congreso la semana pasada y la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque el próximo 7 de agosto.

Duque declaró en su discurso de aceptación que su intención era unir al país y "pasar la página de la polarización". En cuanto al proceso de paz, reafirmó las declaraciones hechas durante la campaña en el sentido de que su Gobierno no impugnaría el Acuerdo de Paz en su conjunto, pero que sí haría "correcciones" mediante un acuerdo nacional.

"El carácter de esas modificaciones es objeto de un intenso debate, en particular en lo concerniente a la justicia transicional", resalta el informe.

Al respecto, el Secretario General aplaudió la intención del presidente electo de trabajar para remediar las divisiones existentes entre los colombianos y reiteró el firme compromiso de la ONU de continuar acompañando a Colombia en la consolidación de los avances en materia de paz y en el logro de la reconciliación después de tantos años de conflicto.

Según Arnault, la vicepresidencia actual y la Misión de Verificación de la ONU han desarrollado un buen método de trabajo. "Estamos listos para adoptar el mismo enfoque colaborativo con la administración entrante del presidente electo Ivan Duque", dijo ante el Consejo.

Asesinatos a líderes comunitarios

Guterres asegura que al igual que la mayoría de los colombianos, le preocupan profundamente los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, un problema que repuntó notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales.

En una declaración reciente, el Fiscal General señaló que el aumento de los homicidios no afectaba solo a los líderes, sino también a los miembros de las comunidades, ya que la violencia había aumentado de manera generalizada en muchas zonas rurales.

"No cabe duda de que esta tendencia sigue estando relacionada con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las FARC-EP", se lee en el informe.

En algunas regiones, como el departamento de Nariño y el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, esta situación ha dado lugar a un grado de violencia que no se veía desde el fin del conflicto.

El Secretario General resaltó la indignación y repudio de la sociedad colombiana contra esta ola de asesinatos y destacó la importancia del "pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales y defensores", suscrito por el presidente Juan Manuel Santos, el presidente electo Iván Duque, las instituciones estatales más importantes y los partidos políticos.

"Es la primera vez que la violencia contra los líderes sociales se recibe con un sentimiento de indignación tan fuerte, expresado en las calles de Colombia y en las ciudades en el extranjero, en los pasillos de las instituciones nacionales y en todo el espectro político. En el contexto polarizado de una campaña electoral prolongada, en una sociedad a veces indiferente a los desarrollos en las zonas de conflicto, este consenso nacional contra los ataques a los líderes sociales es significativo", declaró Jean Arnault ante el Consejo de Seguridad.

En el informe, Guterres asegura que el aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. "El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas", expresa.

Además, aunque hay algunos avances en las medidas previstas en el Acuerdo de Paz para encarar la violencia en las zonas de conflicto, tales como el Programa integral de seguridad y protección, estas medidas se encuentran en distintas etapas de implementación y deben fortalecerse.

"Está claro que aún no han generado los efectos deseados y, en cierta medida, el problema incluso se ha agravado. El llamamiento urgente del presidente Santos a suscribir un pacto nacional contra la violencia recibió un apoyo generalizado, lo que da idea de la magnitud del problema", asegura el informe.

La reincorporación de los excombatientes

Jean Arnault, celebró que el partido político de las FARC haya llegado al nuevo Congreso, uno de los más diversos, plurales y representativos de la historia legislativa del país.

"Si bien la participación de los representantes de las FARC en el Congreso es un paso importante, la reintegración en la vida civil de los ex miembros de las FARC-EP es un asunto pendiente", dijo.

El reporte del Secretario General recalca que hasta ahora la implementación de la paz "ha estado marcada por niveles de incertidumbre que han generado recelos profundos y comprensibles entre los miembros de las FARC que se están reintegrando a la sociedad".

La duda continúa rodeando las garantías legales, políticas y de seguridad de aquellos que depusieron sus armas y Guterres espera que las instituciones hagan valer dichas garantías y proporcionen oportunidades económicas.

El titular de la ONU reitera la importancia de acelerar el progreso en la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los excombatientes. Hasta la fecha los proyectos promovidos por el Consejo Nacional de Reincorporación han sido en su gran mayoría autofinanciados por los excombatientes, y aunque se esperaba tener uno por cada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, hasta ahora solo se han aprobado ocho con la asistencia técnica del Programa de la ONU para el Desarrollo y el Gobierno ha desembolsado dinero para tres.

El objetivo de brindar oportunidades que generen ingresos para 14.000 excombatientes de las FARC "está lejos de alcanzarse", resalta el informe.

"Completar el trabajo iniciado por el Gobierno actual sin duda requerirá dedicación y recursos. Pero cumplir con las garantías dadas a aquellos que han dejado sus armas y se someten ahora a la difícil transición a la vida civil es esencial para Colombia, y también para que Colombia sea una fuente de motivación para las partes en conflictos en otras partes del mundo", declaró el representante especial de Guterres.

El informe recalca además que las nuevas autoridades del país tienen la responsabilidad crítica de devolver la confianza en el futuro a los guerrilleros, los jefes de nivel medio y los altos mandos de la antigua guerrilla.

"No se trata solo de consolidar el proceso de paz con la FARC, sino también de generar credibilidad a efectos de posibles negociaciones futuras con otros agentes armados. En un sentido más general, se trata de la esencia misma del principio de la solución negociada de los conflictos armados, que las Naciones Unidas apoyan firmemente", dice Guterres.

Comienza la Juridiscción Especial para la Paz

El representante del Secretario General dijo que el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz debia reconocerse a pesar de que las largas demoras en su establecimiento y la adopción de su marco normativo crearon en la opinión pública una "persistente sensación de que la verdad y la justicia estaban eclipsadas por el proceso político".

Arnault aseguró que las primeras audiencias celebradas por la Jurisdicción los días 10 y 13 de julio en las que participaron un ex general del ejército y el ex Comando General de las FARC-EP fueron "extremadamente importantes para comenzar a disipar la percepción de impunidad".

"La búsqueda de rendición de cuentas a través de la Jurisdicción y la Comisión de la Verdad continuará siendo crítica para la legitimidad del proceso de paz", dijo.

Hay voluntad del Gobierno y los excombatientes

El Secretario General agradeció una vez más el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos y los dirigentes de las FARC, asegurando que, en medio de los desafíos inherentes a la aplicación del Acuerdo de Paz, cada una de las partes ha sabido reconocer los méritos de la otra.

"El presidente Santos ha destacado que las FARC cumplieron su compromiso fundamental de dejar las armas y apostar por la política pacífica, y los dirigentes de las FARC siguen reconociendo que el presidente Santos enfrentó la enorme tarea de aplicar un acuerdo sumamente ambicioso con una voluntad política incuestionable", declara en el informe.

Guterres destaca que en las zonas rurales los excombatientes, campesinos, soldados, agentes de policía, empresarios, dirigentes religiosos y víctimas, entre otros, están dejando de lado los enfrentamientos del pasado y propiciando las bases de un consenso nacional más amplio y los cimientos de la reconciliación en el país, e invitó a las autoridades, las instituciones, las fuerzas políticas y la sociedad civil a que se mantengan firmes en ese propósito.

"Haciendo eco al informe del Secretario General, hago un llamado al diálogo y la cooperación entre las nuevas autoridades locales del gobierno nacional, las organizaciones sociales y la sociedad civil en los territorios. Creemos que ese diálogo y esa cooperación son un requisito previo para el éxito", concluyó su representante Jean Arnault, durante la presentación del informe ante el Consejo.

El vicepresidente de Colombia Oscar Naranjo, también se hizo presente durante la reunión del Consejo de Seguridad, por última vez representando al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuyo mandato culmina el 7 de agosto. Naranjo aseguró que era sumamente importante "cuidar la paz".

"Cuidar la paz significa cumplir lo pactado en el acuerdo, en el entendido que la palabra comprometida no es la de un Gobierno, sino la de un Estado en su conjunto y al mismo tiempo la sociedad en general".

El vicepresidente añadió que cuidar la paz también significa que la reincorporación de los excombatientes de las FARC surja en garantías y derechos de seguridad y que es necesario seguir avanzando y escalando el aprendizaje para llegar a los territorios con "el rostro de un Estado que protege a las comunidades".

"Cuidar y proteger la paz debe significar que las lecciones que arroja este proceso colombiano de la búsqueda de un fin del conflicto, sean un ejemplo para otras naciones, para que se superen las violencias y los desencuentros."

Naranjo agradeció al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional por su apoyo incondicional al proceso de paz impulsado por el mandato de Juan Manuel Santos.

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