Última actualización: Jueves, 20 Junio 2019, 00:21 GMT

Brasil: CIDH culmina visita a Brasil

Fuente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Fecha de publicación 12 Noviembre 2018
Citar como Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Brasil: CIDH culmina visita a Brasil, 12 Noviembre 2018, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5be9ba8e4.html [Accesado el 20 Junio 2019]
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Rio de Janeiro - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Brasil del 5 al 12 de noviembre de 2018, por invitación realizada por el Estado brasileño el 29 de noviembre de 2017. A principios de 2018, la CIDH y el Estado brasileño acordaron la fecha de la presente visita, cuyo objetivo fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. La otra visita in loco que la CIDH condujo en Brasil fue en 1995.

La delegación que realizó la visita in loco a Brasil estuvo encabezada por la Presidenta, Comisionada Margarette May Macaulay, e integrada por la Primera Vicepresidenta, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Comisionado Francisco Eguiguren Praeli; el Comisionado Joel Hernández García; y la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora de país para Brasil. Asimismo, integraron la delegación la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Gabinete del Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz; y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades nacionales como el Ministerio de Derechos Humanos, el Supremo Tribunal Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y fiscales estaduales, la Defensoría Pública de la Unión y Defensorías estaduales, y otras autoridades de distintos poderes municipales y estaduales; así como con representantes y organizaciones de la sociedad civil, movimientos y colectivos sociales, personas defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, quilombolas, pueblos indígenas, campesinos y campesinas, personas en situación de pobreza y en situación de calle, líderes y lideresas de movimientos de defensa de los derechos de diversos grupos en situación de discriminación histórica, familiares de policías asesinados, líderes del movimiento LGBTI, habitantes de las favelas, entre otros. Asimismo, la CIDH mantuvo encuentros con organismos internacionales del Sistema de las Naciones Unidas y representantes del cuerpo diplomático.

La Comisión recabó además cientos de testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, y revisó miles de documentos, leyes y proyectos de ley y otras informaciones. La CIDH realizó visitas de observación a diversas localidades de los Estados de Bahía, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Río de Janeiro, São Paulo y Roraima, así como la capital, Brasilia. Asimismo, visitó instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad; el centro de recepción y atención a los migrantes y refugiados en la frontera con Venezuela, la zona de uso de drogas conocida como Cracolândia, en São Paulo, y un centro socioeducativo de detención de niños, niñas y adolescentes, entre otros. También visitó quilombos y territorios de comunidades indígenas. Durante la visita, la CIDH suscribió convenios de cooperación tanto con el Ministerio Público Federal como con el Consejo Nacional del Ministerio Público. La Comisión destaca el importante rol que pueden cumplir órganos autónomos del sistema de justicia en la defensa de los derechos humanos, como los Ministerios Públicos Estaduales y el Ministerio Público Federal, las Defensorías Públicas Estaduales y la Defensoría Pública Federal.

La Comisión agradece al Gobierno y sus autoridades federales y estaduales, así como al pueblo de Brasil todo el apoyo y las facilidades brindadas durante su visita. Asimismo, agradece la información proporcionada por el Estado, lo que se tradujo en un diálogo constructivo y franco, así como la información recibida de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y organismos internacionales. La Comisión valora y agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares para presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.

1. Hace 23 años, en 1995, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Brasil por primera vez, habían pasado pocos años desde la promulgación de su Constitución Federal y de su redemocratización. Esta fue la primera y única vez que el pleno de la CIDH estuvo en Brasil hasta este momento. Y en estos 23 años, Brasil, que es un país diverso y con realidades culturales, sociales, y económicas muy contrastantes, se ha vuelto aún más complejo.

2. Durante el tiempo transcurrido desde esa primera visita al país, la CIDH ha venido acompañando permanentemente la situación brasileña por medio del análisis de documentos, visitas de Relatores, casos, peticiones y medidas cautelares, de la realización de audiencias públicas y de los innumerables canales de comunicación, escucha, denuncia y construcción de diálogos de víctimas, familiares, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes del Estado con el sistema interamericano de Derechos Humanos.

3. Volver a visitar Brasil en un momento crucial es parte de una trayectoria que no comienza ni termina ahora. Estamos siguiendo y seguiremos siguiendo de cerca el futuro de las instituciones brasileñas y de su sociedad desde una perspectiva integral de desarrollo del país, donde los derechos humanos son una pieza fundamental.

4. Esta semana en que los miembros de la Comisión estuvieron visitando diferentes regiones brasileñas pudimos observar un panorama del momento actual del país. Observadores brasileños participaron de ese ejercicio. Un cuadro que será detallado a lo largo de los próximos meses trabajo; y que cuenta con la colaboración de gobiernos locales, de órganos federales, de organizaciones de la sociedad civil y de personas, protagonistas de causas o testigos de sufrimientos y de luchas por la superación de injusticias y desigualdades.

5. ¿Y cómo el país se muestra en este momento de su historia? A pesar de algunos avances, encontramos un país que no ha logrado abordar y de resolver sus principales deudas históricas con la ciudadanía: el problema estructural de desigualdad y discriminaciones profundas, de las cuales se destacan la discriminación racial y la social.

6. Desigualdad y discriminación son factores decisivos y causas de un contexto crítico para los derechos humanos en el país.

7. El diseño de la institucionalidad jurídica del Estado brasileño necesita ser reformado y fortalecido, con determinación, para superar estos graves problemas estructurales.

8. Por ejemplo, en lo que respecta a la capacidad estatal, la CIDH expresa su profunda preocupación de que las recientes medidas de austeridad fiscal implementadas en Brasil puedan significar el fin de políticas sociales y la reducción de las expectativas de mejores condiciones de vida de la gran mayoría de la población.

9. La exclusión social, la falta de acceso a la justicia, la fragilidad de los servicios públicos son todos limitantes de las condiciones de desarrollo del país y de la situación crítica de acceso a los derechos humanos para la mayoría de la población. Para millones de personas, lo anterior significa la imposibilidad de realizar derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales, la reducción de perspectivas de vida, que en muchas ocasiones implican la pérdida trágica de la misma.

10. Cómo ya ha señalado recientemente, la CIDH reitera la importancia del principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, según lo establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

11. Este principio no es sólo una llamada de atención a un precepto convencional de valor legal para Brasil. Es también un llamado a la conciencia de la sociedad brasileña e internacional de que las más graves violaciones a los derechos humanos observadas en el país, tales como la ampliación de la violencia en el campo y en la ciudad, el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, especialmente los de la tierra y el medio ambiente, las agresiones crecientes a los defensores de derechos humanos de las minorías, así como el riesgo de retorno del país al mapa del hambre mundial, comprometen trágicamente a todos. Estas violaciones afectan de manera particularmente grave, violenta y diferenciada a los grupos económicamente marginados y más vulnerables, tales como las comunidades de las favelas y trabajadores del campo, y los grupos históricamente discriminados como los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI y personas privadas de libertad. En un país desigual, esto significa una mayoría numérica, pero que permanece excluida de las posibilidades que debería ofrecer una de las diez mayores economías del mundo.

12. La CIDH llama la atención sobre el grave contexto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres negras y de la juventud pobre de la periferia y las favelas. Los pobres y los afrodescendientes siguen siendo las principales víctimas de violaciones a los derechos humanos en Brasil. Ellas y ellos son asesinados por decenas de miles, sin investigación, juzgamiento, sanción ni reparación adecuadas.

13. En este contexto, la CIDH recuerda también la obligación estatal de garantizar a las víctimas de racismo, de discriminación racial y de formas conexas de intolerancia su derecho a un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad en el acceso al sistema de justicia, a procedimientos ágiles y eficaces y a una reparación integral en el ámbito civil o penal.

14. Desde la última visita de la CIDH a Brasil observamos un importante, continuo y creciente proceso de fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos para atender esta situación de manera estructurada y progresiva. Durante los años que pasaron, elogiamos cada paso institucional, como la creación de una Secretaría de Derechos Humanos en 1997, el fortalecimiento del papel de la Defensoría Federal de derechos de los ciudadanos, la ampliación y autonomía de las defensorías públicas, el surgimiento de las fiscalías y unidades judiciales especializadas en diferentes temáticas de derechos humanos y comisarías especializadas en defensa de minorías. Tanto en los diferentes estados, como a nivel federal, destacamos la instalación de comités nacionales y estatales de defensa de distintas áreas de los derechos humanos, la implementación de políticas sociales paradigmáticas y, principalmente, la ampliación de espacios de participación de la sociedad civil en la gestión pública, posibilitando el control social de la administración. Adicionalmente, es necesario destacar medidas transversales que abordaron deudas históricas, como las políticas de acción afirmativa basadas en cuotas raciales que impactan directamente en el perfil social, económico y étnico-racial de las universidades brasileñas y un horizonte nuevo de movilidad social.

15. Gracias a los avances en materia de derechos humanos, Brasil se constituyó como un país de referencia sobre políticas de derechos humanos, que se perfeccionaron a través de distintos gobiernos, manteniéndose en línea institucional como un compromiso de Estado, consistente con la Constitución Política. Esta continuidad y madurez creciente es clave para el desarrollo nacional.

16. Al respecto, la CIDH tristemente identificó una reducción de la intensidad de esa dinámica, con el congelamiento del proceso progresivo de fortalecimiento institucional en el área de derechos humanos. Lamentablemente, en muchos casos, se observan retrocesos significativos en la implementación de programas, políticas públicas y en la garantía de presupuestos en áreas esenciales.

17. En todas las oportunidades, la CIDH observa que la existencia de espacios de la sociedad civil en la formulación, gestión y fiscalización de los programas y políticas públicas en materia de derechos humanos y en otras áreas sensibles es un elemento fundamental. Hemos observado su reducción y debilidad en la trayectoria institucional reciente, con la suspensión de procesos de consultas públicas y conferencias nacionales participativas. La Comisión confía que se trata de una situación coyuntural y que se corrija prontamente. La CIDH recuerda que la participación social es una herramienta importante para la garantía de derechos y para el fortalecimiento de la democracia y de las políticas públicas, así como para la realización del control social de las acciones gubernamentales. Además, la Comisión recuerda que la participación en las decisiones gubernamentales es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, que debe ser garantizado por el Estado.

18. La CIDH quiere llamar la atención sobre algunas situaciones urgentes que exigen de las autoridades nacionales y de la sociedad en su conjunto la debida visibilidad, atención y solución urgente:

a. las violaciones de derechos reiteradas contra los pueblos indígenas, que sufren frecuentes episodios de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras y dificultades que presenta que presenta la tesis del marco temporal.

En particular, la Comisión denuncia la situación de la Comunidad Guaraní-Kaiowá en Mato Grosso do Sul, que sobrevive a un ambiente de violencia de milicias armadas, violaciones al derecho al territorio tradicional y las denuncias recibidas de separación de las madres y niños indígenas. La comunidad indigena Muratu en Paquiçamba / Pará, que están sufriendo el impacto ambiental de la construcción de la Usina de Belo Monte. También la comunidad indígena de la Aldea de Açaizal en Santarém / Para que están sometidas a prácticas de coacción, amenazas e intentos de intimidación de ejercicio del derecho a defender sus derechos. En este aspecto la CIDH quiere registrar públicamente que no sólo recibió denuncias sobre estas prácticas sino que fue objeto directo de hostigamientos en la localidad. Situación similar se observó también en Roraima, con un cuadro complejo que involucra a indígenas de pueblos como los Warao, originarios de Venezuela, en un contexto que mezcla características de migraciones forzadas con el agravante de vivir en las calles.

b. las violencias sufridas por la población quilombolas, los ataques a su derecho a la tierra, el prejuicio étnico-racial y el acceso precarizado a la ciudadanía.

La comisión denuncia que 3 comunidades del quilombo de Alcantara, en Maranhao, han sido afectadas por la expropiación de sus tierras debido al no reconocimiento de su territorio tradicional. En Bahía, los pueblos del Quilombo Río de los Macacos enfrentan restricciones al acceso al agua y están en condiciones de vida extremadamente precarias e insalubres y son víctimas de asesinatos y violencia sexual. Por su parte, la comunidad del Quilombo de Pitanga de Palmares fuimos informados de actos de violencia y discriminación, por ejemplo, el asesinato del líder de la comunidad, el cual permanece en la impunidad.

c. la violencia en el campo que afecta a campesinos que luchan por el derecho a la tierra, y las condiciones de trabajo a las que muchos de esos trabajadores rurales son sometidos, a veces extenuantes, trabajando en situaciones análogas a la esclavitud. Además, es preocupante la inseguridad que afecta a muchos en razón del uso indiscriminado y sin la debida protección de sustancias químicas como agrotóxicos y otros pesticidas que afectan su salud y ponen en riesgo sus vidas.

En Marabá, Pará, la CIDH encontró un asentamiento de trabajadores rurales afectados por violencia policial en procesos de desalojo de tierras. En esta semana en Minas Gerais, existe el riesgo inminente de desalojo de 450 familias que viven hace 20 años en el campamento de Quilombo Campo Grande sin una planificación integral que garantice la protección integral de sus vidas.

d. La exclusión social de la población en situación de calle y sin techo, que sufre los impactos de la estigmatización de sus luchas en los centros urbanos al mismo tiempo que lidian con políticas públicas insuficientes para atender sus demandas.

La CIDH visitó la ocupación de Vila Nova Palestina en São Paulo que sigue luchando por la regularización do asentamiento. La lucha del movimiento está afectada por el desprestigio y estigmatización de sus reivindicaciones y riesgos de regresividad. Asimismo, informan que cuando hay remociones de personas sin techo no se presentan estrategias o alternativas para garantizar el derecho a la vivienda de esa población. En Coroadinho / Maranhão la CIDH visitó uno de los barrios más pobres del país sometido a marginación social y el abandono estatal para atender a sus necesidades básicas. La CIDH quiere aprovechar y reconocer el papel de las mujeres de esta comunidad que actúan para impedir el agravamiento de la situación social. En São Paulo la CIDH recibió denuncias de comunidades de población de la calle que están en profunda vulnerabilidad, sufren abusos policiales, malos tratos y, principalmente, la ausencia de una perspectiva de un proyecto de vida digna, con mínimo acceso a los servicios públicos fundamentales. El ambiente de deshumanización al que se encuentran los moradores de Cracolândia en São Paulo debe ser una alerta prioritaria y exige una respuesta diferenciada por parte de las autoridades estatales.

Durante la visita, la CIDH constató la oportunidad de reunirse con la sociedad civil, los movimientos y la población en situación de calle en el Espacio Sociocultural CISARTE - Centro de Inclusión por el Arte, Cultura, Trabajo y Educación. La CIDH destaca la importancia de este centro como un espacio para el desarrollo cultural, social y profesional de las personas en situación de calle y alienta a las autoridades a avanzar en la gestión de la cesión del espacio al movimiento.

e. La población carcelaria, a quien el cercenamiento de la libertad se suma a la privación de derechos, como el acceso a la salud, a condiciones dignas de higiene, a recibir visitas íntimas en situaciones adecuadas.

En el Maranhão el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, monitoreado por medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocurrio un alarmante número de muertes por violencia.A partir de esa trágica experiencia las autoridades estadualeshan tomado acciones decisivas. Saludamos que días después de la visita de la CIDH y siguiendo su recomendación, las autoridades penitenciarias hayan iniciado la demolición de una galería de aislamiento quese encontraba en una precaria situación. En Río de Janeiro, dentro del Complejo Penitenciario de Bangu - merecen atención la situación del Instituto Plácido Carvalho, Nelson Hungría y Jorge Santanna. El presidio Jorge Santana se encuentra en condiciones extremas de funcionamiento La Comisión Interamericana denuncia este lugar como uno de los centros penitenciarios en peores condiciones en toda América. En Roraima la Comisión encontró dentro del Centro Penitenciario Agrícola Monte Cristo, detenidos literalmente hace 4 días sin el derecho mínimo a la alimentación y sujetos a graves enfermedades. El Centro Socioeducativo Don Bosco en Río de Janeiro vive una desviación integral de su finalidad institucional, ante la ausencia de actividades socio-educativas, y claras características de un verdadero presidio.

f. La violencia institucional y la impunidad sigue siendo una fragilidad brasileña.

Las madres que han perdido a sus hijos debido a la violencia social han denunciado de manera dramática la situación de un patrón de asesinatos dirigidos a jóvenes negros de la periferia. De acuerdo con los testimonios de víctimas recibidos por la Comisión, existe un patrón de actuación de las fuerzas de seguridad que ha generado situaciones de sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, principalmente de jóvenes negros y pobres en Brasil.

La CIDH quiere registrar la situación de inseguridad en el trabajo que afecta a los profesionales de seguridad, como policías civiles y agentes penitenciarios que merecen ser una prioridad para las autoridades brasileñas. La CIDH también alerta para el deber de protección y atención a las familias de los profesionales de policía asesinados en el contexto de violencia en todo Brasil. La CIDH se reunió especialmente con las madres y familiares de policías fallecidos en Río de Janeiro y denuncia violaciones a su derecho a la justicia, reparación integral y debida investigación y sanción de los responsables de las muertes. Los derechos humanos valen para todos.

También registramos la crítica situación de impunidad que afecta en San Pablo a los derechos del movimiento de las Madres de Mayo que siguen sin una respuesta de investigación satisfactoria para el asesinato masivo de cientos de personas en corto período de tiempo, ocurrido en mayo de 2006.

El desastre ambiental de Mariana, por su dimensión e impacto no puede seguir ante el cuadro de insuficiencia de investigaciones que, además, impide la debida atención y reparación a todas las personas afectadas. No hay todavía una respuesta satisfactoria sobre la responsabilidad de la tragedia que afectó la vida de 242 jóvenes y más de 600 heridos en la Boate Kiss en Santa Maria / Rio Grande do Sul. La matanza de Cabula en Salvador / Bahía no puede tampoco quedarse sin una respuesta oficial.

No es demasiado recordar que el Estado brasileño sigue pendiente en el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gomes Lund y del caso Herzog, vinculados a los graves crímenes del pasado dictatorial. La reciente anulación de la sentencia que establecía sanciones a los responsables de la Masacre de Carandiru, pendiente de revisión, constituye un grave retroceso la lucha contra la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos en Brasil. Asimismo, las indemnizaciones no fueron pagadas a todas las víctimas y familiares.

g. La discriminación y el perjuicio recurrentes, difusos y dirigidos con intensidad para la población trans en instituciones como la familia, la escuela, las instituciones de salud, el trabajo y la iglesia, entre otras. En particular, destacamos los diversos discursos represivos que atacan las banderas de las personas trans y de toda la comunidad LGBTI afectando sus derechos y su ciudadanía;

h. Los constantes ataques a defensores y defensoras de DH en su ambiente de actuación y los riesgos de debilidad de estructuras y programas amenazados en función de ello; los asesinatos de la concejala Marielle Franco y del motorista Anderson Gomes evidencian claramente este desafío estructural, exponiendo la resistencia a la inclusión de personas históricamente marginalizadas en las estructuras de participación política y social. La CIDH considera que es imperativo concluir las investigaciones, sancionar a los responsables y evitar que queden en la impunidad. En adición a lo anterior y en aras a garantizar la reparación integral de estos hechos, la CIDH estima necesario que la memoria de la víctima y de su familia sean respetadas de acuerdo a los valores que defendía Marielle Franco.

i. Las violaciones de derechos y discursos de odio que afectan a migrantes internacionales y refugiados en Brasil. En regiones de entradas de flujos migratorios recientes, especialmente en contextos de llegadas concentradas. La CIDH visitó grupos de migrantes y solicitantes de refugio venezolanos en Roraima y constató la incidencia de factores de riesgo y violaciones a derechos fundamentales, en especial involucrando a migrantes en situación de calle, en situación que dificulta e impide una mayor inclusión social y que se agrava constantemente por episodios de xenofobia en la región;

j. Los ataques a la libertad de expresión, que afecta a la prensa, académicos y organizaciones sociales.

19. El escenario que estos casos revelan no debe opacar un registro fundamental de los pasos consistentes ya dados por Brasil. Queremos registrar un conjunto de buenas prácticas y avances del Estado brasileño en materia de DH en años recientes en diversas áreas temáticas:

a. Mencionamos la implantación y consolidación de las audiencias de custodia, en articulación entre poderes ejecutivo y judicial, a nivel federal y estatal, concretando una garantía fundamental ya prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos.

b. Destacamos la Nueva Ley de Migración brasileña (Ley 13.445) que permitió una modernización del régimen migratorio y de nacionalidad, instaló mecanismos innovadores de reducción de la apatridia y formaliza a nivel legal la buena práctica brasileña de la acogida humanitaria en contextos de flujos migratorios; c. En relación con el Programa de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Comisión fue informada por el Ministerio de Derechos Humanos que el mismo ha sido reforzado financieramente a nivel federal con presupuesto hasta finales de 2019, así como casi una triplicación del presupuesto de las redes estatales del programa. c. La sustitución en prisión domiciliaria para mujeres anteriormente cumpliendo prisión provisional gestantes, madres o que tengan bajo su custodia a niños o personas con discapacidad;

d. Destacamos y saludamos igualmente, en el contexto de fuertes discusiones sobre garantías y libertades civiles en Brasil, entre ellas la libertad de expresión y opinión, la reciente decisión del STF refiriendo una decisión de esta corte, garantizando la libertad de manifestación y opinión en la que se fundamenta la libertad de cátedra en las Universidades brasileñas.

20. Mencionamos ese acervo de buenas prácticas a fin de que ellas iluminen los caminos y respuestas posibles a los desafíos que se van sumándose para el Estado y la Sociedad brasileños.

21. Entre estos desafíos, registramos que además de las violaciones estructurales y de las deudas históricas no resueltas, se debe sumar una percepción sobre el contexto inmediato en el que se realizó la visita. En ese contexto actual de los DH observamos algunas constataciones, posibles tendencias y riesgos que exigirán una atención de la comunidad nacional, regional e internacional:

a. Observamos el alarmante crecimiento de un ambiente de discursos que distorsionan, desprestigian y estigmatizan el papel y la función de los derechos humanos para la sociedad. También observamos la repetición de discursos de intolerancia y odio que afectan a las libertades de expresión, manifestación, reunión y asociación de las comunidades LGBTI, de las mujeres, de los afrodescendientes, de las religiones de matriz africana, de los pueblos indígenas, de los trabajadores rurales, movimientos sociales de trabajadores y de sin techo, del periodismo independiente, de parte de la comunidad universitaria y académica, entre otros. La Comisión considera preocupante que una perspectiva de género sea peyorativamente referida como "ideología de género". Las autoridades estatales deben dar el ejemplo y tienen el deber de promover campañas promocionales sobre los DH para desconstruir los mensajes demagógicos de que los derechos humanos existen para atender a violadores de derechos humanos o de que sean parte de agendas ideológicas o partidarias. Es importante siempre recordar que en su genealogía histórica los derechos humanos nacen para defender las libertades públicas, individuales y colectivas, y son el resultado de luchas sociales históricas. En su sentido existencial, los derechos humanos pertenecen y se dirigen a todos indistintamente. Su negación o su reducción al interés de una parte de la población en oposición a la totalidad de las personas tiene por objeto legitimar violaciones.

b. En particular, el discurso de tolerancia cero o mano dura en la importante lucha contra la criminalidad y el crimen organizado pueden fortalecer concepciones incompatibles con estándares internacionales de que los fines pueden justificar los medios en materia de seguridad pública. Los estándares adecuados de seguridad ciudadana exigen denunciar, procesar y sancionar cualquier abusos del poder de policía. La experiencia demuestra que la exacerbación de estos discursos fortalece el riesgo del aumento de ejecuciones extrajudiciales. Durante la semana de la visita de la CIDH en Brasil identificamos un episodio que deben ser investigados de manera rigurosa por las autoridades con la muerte de 11 miembros de un grupo criminal p que habían participado en un asalto a una agencia bancaria en Santana do Ipanema por la Policía Civil de Alagoas. No hubo ningún agente policial herido. La CIDH alerta para indicios de ejecuciones extrajudiciales y espera que se aclaren las circunstancias de manera rápida y diligente. La CIDH recomendó al Estado brasileño ampliar los mecanismos de control de la actividad policial para asegurar que actúen en el marco del respeto al uso proporcional de la fuerza.

c. También alertamos para la posibilidad y el riesgo de criminalizarse a los movimientos sociales por medio de la ampliación de las figuras penales referentes en la Ley antiterrorista. Sobre este tema, la CIDH ha afirmado para distintos países de la región que las leyes antiterroristas no deben ser utilizadas para la criminalización del derecho a la manifestación y de asociación.

d. En los últimos años ha aumentado el número de asesinatos de defensores y defensoras de DH. Las estadísticas demuestran que aumentan cada año el número absolutos de defensores ejecutados debido al ejercicio de su papel de activistas. Interrumpir esas muertes debe ser prioritario para el gobierno brasileño. En ese sentido, la CIDH recomendó el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección a los Derechos Humanos, de las unidades de la PFDC y de la Defensoría Pública.

22. Por tales motivos, las razones estructurales históricas y el contexto actual que vive Brasil se reflejan en los hechos registrados durante toda la visita a la CIDH, que escuchó una voz al unísono de parte de líderes sociales, intelectuales, académicos y también de algunos actores estatales vinculados sobre una fundamentada y ejemplificada preocupación con el futuro de la agenda de DH en Brasil.

23. Toda la comunidad internacional ha acompañado en los últimos años de manera muy atenta a la lucha emprendida por la sociedad brasileña contra la impunidad en materia de corrupción, resaltando que la búsqueda por una sociedad ética también integra la plena realización de los Derechos Humanos. Vinculado a ese tema, la CIDH se manifestó sobre la relación entre corrupción y DH en febrero de este año por medio de su Resolución 01/18, justamente por entender que cada acto de corrupción corresponde a una violación a los derechos humanos. La CIDH espera que la misma movilización institucional e indignación social que permitió a Brasil moverse adelante en la importante lucha contra la impunidad en los actos de corrupción pueda mover e influenciar positivamente la capacidad institucional de superar la impunidad en materia de las graves violaciones a los derechos humanos en el país.

26. Nos gustaría destacar, hablando directamente a todas las personas defensoras de derechos humanos actuantes en Brasil, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación, a los periodistas, a los profesores, a los campesinos, a cada persona que lucha por el avance de la ciudadanía, garantías, libertades y derechos en este país: La lucha por los derechos humanos se ha convertido en un debate central definidor de la calidad de vida y del bienestar de pueblos alrededor del mundo. La intensificación de esta lucha en tiempos recientes ha afectado a personas en todas partes, provocado víctimas y generado un número mayor y modalidades nuevas de amenazas. En los más diversos lugares, intentado silenciar redacción de periódicos, impedir prácticas culturales y artísticas, destruir templos y lugares de culto, corromper y sobornar, obstaculizar el debido proceso legal, apartar a ciudadanos y ciudadanas de los beneficios del Estado Democrático de Derecho y atacar la fibra del país el tejido social, el miedo, el terror y la violencia.

27. Sólo la democracia, el avance progresivo de los derechos, el respeto a la diversidad y los esfuerzos de inclusión social pueden responder a estos desafíos. Nuestra visita es, por lo tanto, un punto de continuidad en el proceso continuo de fortalecimiento de la relación institucional con la sociedad y las instituciones brasileñas. Ya estamos siguiendo de cerca cada paso en esta encrucijada de los Derechos Humanos en Brasil, por su importancia regional, su historial de avances y los riesgos que, en todo el mundo, inciden sobre las instituciones democráticas. El informe y demás documentos que presentamos en esa ocasión son un paso, invitando a esas instituciones y personas a un largo compromiso y un diálogo constructivo a lo largo de los próximos años.

28. Al dirigirnos a la conclusión, expresamos una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil y su futuro. Anunciamos que la Comisión Interamericana acompañará de manera prioritaria la evolución del presente cuadro de los Derechos Humanos en Brasil en el próximo período. Recordamos que en el marco de nuestro mandato, corresponde a la CIDH observar y defender los DH según la Declaración y la Convención Americana de DH. Al Brasil, que soberanamente ratificó y se adhirió a ese sistema legal internacional, incumbe la obligación internacional de implementar las decisiones y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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