Última actualización: Martes, 26 Mayo 2020, 15:42 GMT

A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH reitera su compromiso permanente con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión

Fuente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Fecha de publicación 18 Abril 2020
Citar como Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH reitera su compromiso permanente con las víctimas y constata consolidación de una quinta etapa de represión, 18 Abril 2020, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5e9faf0c4.html [Accesado el 27 Mayo 2020]
Descargo de responsabilidadEsta no es una publicación del ACNUR. El ACNUR no es responsable, ni respalda necesariamente, su contenido. Todas las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente al autor o fuente y no necesariamente reflejan las del ACNUR, las Naciones Unidas o sus Estados Miembros.

Washington, D.C.- A dos años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su compromiso permanente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y con la población nicaragüense. Asimismo, constata la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas. La CIDH urge al Estado el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

A la fecha, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad. Según datos registrados por el ACNUR, más de 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. Dichas violaciones permanecen en absoluta impunidad. Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la Comisión en julio de 2018 con el fin de coadyuvar en las investigaciones de las muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el país, concluyó la realización de conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, tales como la encarcelación u otra privación de la libertad física, persecución, violación y tortura.

A dos años de iniciada la crisis de derechos humanos, la CIDH observa la persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el Ejecutivo. Asimismo, la evidencia muestra la existencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno.

En este contexto, la Comisión, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha identificado desde el segundo semestre de 2019 a la fecha, patrones de violaciones a los derechos humanos consistentes en la intensificación de la vigilancia, hostigamiento y represión selectiva de líderes y lideresas sociales y políticos; defensoras y defensores de derechos humanos; periodistas y trabajadores de la prensa; así como contra cualquier persona identificada con la oposición; ataques sistemáticos contra comunidades y pueblos indígenas; así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras y campesinas. En esta nueva etapa, la Comisión expresa su preocupación por el mantenimiento de un estado de excepción de hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el país desde el inicio de la crisis.

La CIDH ha recibido información sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y la criminalización en contra de personas opositoras, inclusive excarceladas, bajo procesos arbitrarios e ilegales. Actualmente al menos 70 personas aún permanecen privadas de la libertad bajo estas circunstancias. Particularmente, las personas detenidas serían acusadas de tipos penales comunes, como delitos contra la propiedad; portación, tenencia o tráfico de armas; y tráfico de drogas y se encontrarían en diferentes cárceles del país, dificultando con ello el registro y monitoreo sobre su situación. De acuerdo con información de la sociedad civil, durante el 2020 se habría identificado una dinámica en la que se detiene y libera a un número similar de personas en el mismo periodo de tiempo, lo cual, además de causar incertidumbre en las personas excarceladas tendría como finalidad mantener en permanente zozobra a las personas ante el patrón de detenciones arbitrarias como estrategia inhibitoria de acciones de protesta y negar la existencia de presos políticos. La Comisión llama al Estado a cesar inmediatamente el uso de la detención como forma de represión o intimidación de la protesta o del ejercicio de derechos políticos, así como a la pronta liberación de las personas detenidas en ese contexto.

La CIDH a través de su MESENI, también ha recibido información sobre la intensificación del acoso a medios independientes de comunicación, mediante la falta de acceso a fuentes de información oficiales, el hostigamiento, amenazas y ataques a la integridad de sus trabajadores, así como el embargo de bienes y el hostigamiento administrativo, con el fin de entorpecer su funcionamiento. Al respecto, además de la continuación de la clausura y toma de las instalaciones del canal 100% Noticias y el medio digital audiovisual El Confidencial, la Comisión fue informada sobre el embargo aduanero de insumos básicos para el funcionamiento de los medios de prensa impresa independientes La Prensa y El Nuevo Diario. Cuando en febrero de 2020 el embargo fue liberado, El Nuevo Diario ya había dejado de circular, tanto en su versión impresa como digital.

Del mismo modo, la CIDH nota la persistencia de la persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos, por medio de la ocupación de sus bienes e instalaciones, así como por la permanente vigilancia de sus oficinas, en los casos en que éstas no han sido requisadas. La Comisión ha sido informada específicamente sobre la falta de restablecimiento de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a las cuales les fue arbitrariamente cancelada y la omisión de respuesta a los recursos legales interpuestos por éstas. En este contexto, la CIDH destaca y saluda el trabajo del CENIDH que continúa con sus labores de denuncia y defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, reconoce la labor de la CPDH, que trabaja en el país pese a la permanente intimidación y vigilancia policial de sus instalaciones, incluso desplazándose a diversos territorios dentro de Nicaragua, para recoger información sobre la situación de derechos humanos. Ambas organizaciones son beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Por otra parte, la Comisión rechaza la revictimización que sufren familiares y víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua como consecuencia de la continuación de la represión y la ausencia de medidas tendientes a garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación. La CIDH expresa su reconocimiento a las personas y organizaciones que, en medio del dolor de la pérdida de sus seres queridos y los ataques contra su integridad, como es el caso de la Asociación de las Madres de Abril (AMA), entre otras, siguen trabajando incansablemente, inclusive desde el exilio, en el registro de hechos, testimonios, información, denuncias y construcción de memoria. Ese valioso trabajo de recopilación y constatación de información, junto con el realizado por la Comisión desde el inicio de la crisis de derechos humanos, permite sentar las bases de procesos de verdad y justicia. La Comisión recuerda que el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación exigen la participación de las víctimas como requisito de legitimidad de cualquier mecanismo que persiga la protección de sus derechos y la superación de la crisis.

La CIDH destaca que, este segundo aniversario de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, ocurre en medio de los efectos de la pandemia global del COVID-19. Al respecto, el pasado 8 de abril, la Comisión manifestó su profunda preocupación por la ausencia de medidas destinadas al distanciamiento físico o social como mecanismo para contener la pandemia en el país, según las recomendaciones de los organismos internacionales especializados. Adicionalmente, en el contexto del grave deterioro de las instituciones democráticas y la falta de confianza pública que afecta al país, la CIDH expresó su preocupación por la falta de medidas positivas para proporcionar información pública, fidedigna, transparente y pormenorizada sobre aspectos esenciales en el manejo de la crisis, así como respecto a las medidas y protocolos para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. La CIDH hace un llamado al Estado nicaragüense a cumplir con las recomendaciones formuladas a través de sus diferentes mecanismos y, en particular, en su Resolución 01/2020 Pandemia y derechos humanos en las Américas.

Finalmente, la Comisión resalta que, desde el 18 de abril de 2018 ha desplegado la integralidad de sus mecanismos convencionales para dar respuesta a la grave crisis en el país. En mayo de 2018, la CIDH creó una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) y en el mismo mes realizó una visita de trabajo a Nicaragua con el objetivo de observar en el terreno la situación de los derechos humanos y emitir las primeras recomendaciones al Estado. En junio de 2018, la CIDH instaló el MESENI y, posteriormente, en julio de 2018, el GIEI. A partir de la suspensión de la presencia del MESENI en el país y de las visitas de la Comisión, por parte de las autoridades estatales, en diciembre de 2018, el MESENI continúa dando seguimiento a la situación de derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado desde la sede la CIDH, y mediante la realización de visitas a otros países de la región. En este contexto, la Comisión reitera que la situación de Nicaragua y el acompañamiento a las víctimas y sus familiares continuará siendo una prioridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 080/20

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