Última actualización: Viernes, 25 Septiembre 2020, 22:55 GMT

HRW: Informe Mundial 2020. Resumen de País: Cuba, eventos 2019.

Fuente Human Rights Watch
Fecha de publicación 14 Febrero 2020
Citar como Human Rights Watch, HRW: Informe Mundial 2020. Resumen de País: Cuba, eventos 2019., 14 Febrero 2020, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5e46ddb44.html [Accesado el 28 Septiembre 2020]
Descargo de responsabilidadEsta no es una publicación del ACNUR. El ACNUR no es responsable, ni respalda necesariamente, su contenido. Todas las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente al autor o fuente y no necesariamente reflejan las del ACNUR, las Naciones Unidas o sus Estados Miembros.

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor en 2019 que en 2018, pero igualmente alta, con más de 1.800 detenciones arbitrarias reportadas hasta agosto. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos.

En febrero, se aprobó mediante un referéndum una nueva Constitución de la República de Cuba, que entró en vigencia en abril. Antes del referéndum, las autoridades reprimieron a activistas que se oponían a su adopción, incluso mediante redadas y detenciones breves, y bloquearon varios sitios de noticias considerados críticos del régimen.

El 10 de octubre, Miguel Díaz-Canel fue confirmado como presidente de Cuba con el 96,76 % de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración

El gobierno cubano sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización de derechos humanos independiente que es considerada ilegal por el gobierno. La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en 2019, y entre enero y agosto fue de 1.818. Esto supone una reducción del 10 % respecto de los 2.024 casos reportados en ese mismo período en 2018.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.

A menudo se realizan detenciones para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (la organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.

En septiembre, en un intento por evitar una manifestación organizada por la Unión Patriótica de Cuba, las autoridades detuvieron a más de 90 activistas y manifestantes y allanaron la sede de la organización, según informaron los medios. La protesta era en apoyo de las Damas de Blanco y de otros grupos perseguidos, y en rechazo del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de 2017 entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea. Coincidió con la visita a Cuba de una delegación europea de alto nivel.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente que promueve la libertad de prensa en todo el mundo, Cuba tiene el "clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América".

Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a estas páginas web dentro de Cuba. En febrero, antes del referéndum sobre la nueva constitución, el gobierno bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos contra el régimen, incluidos 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando otros sitios.

Solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet. En julio de 2019, el gobierno emitió nuevas reglamentaciones que permiten la creación de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas, y para importar enrutadores y otros equipos.

Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a estos periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades.

En abril, agentes de policía detuvieron al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, que publica en el sitio de noticias Cubanet, fuera del Tribunal Municipal de Guantánamo cuando daba cobertura a un juicio. Lo golpearon durante el trayecto hasta la estación de policía. Las autoridades lo liberaron cinco días después, pero iniciaron procedimientos penales en su contra. Según una organización local de defensa de la libertad de expresión, en agosto, un tribunal municipal condenó a Quiñones a un año de prisión por los cargos de "resistencia" y de "desobediencia" por no pagar una multa impuesta al ser liberado en abril. Fue detenido el 11 de septiembre y trasladado a la prisión provincial de Guantánamo, donde cumplía la condena de un año al momento de preparación de este documento.

En julio, entró en vigencia el Decreto-ley 370/2018 sobe la "informatización de la sociedad", que dispone que es ilegal que los cubanos alojen sus sitios web en un servidor ubicado en un país extranjero, "que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional". Si bien el alcance de la norma continúa siendo poco claro, podría afectar a la mayoría de los sitios y blogs de noticias cubanos independientes que critican al gobierno, que se encuentran hospedados en el extranjero deliberadamente. También prohíbe la difusión de información "contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas". Las infracciones pueden dar lugar a multas y confiscaciones de equipos.

En abril, entró en vigencia el decreto 349, en el que se establecen restricciones amplias e imprecisas a la expresión artística. La norma establece que no se permite la "prestación de servicios artísticos" en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Quienes contraten o realicen pagos a personas por servicios artísticos sin autorización podrán ser objeto de sanciones, al igual que los propios artistas. Entre las sanciones se incluyen multas, el decomiso de materiales, la cancelación de eventos artísticos y la revocación de licencias. Diversos artistas locales independientes se han manifestado en contra del decreto, tanto antes como después de su entrada en vigor. Tres fueron detenidos en diciembre de 2018 cuando intentaban sumarse a las protestas, según informaron los medios.

Presos políticos

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hasta octubre, había en Cuba 109 presos políticos. El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones creen que hay más casos de presos políticos, cuyos casos no han podido documentar.

Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las correspondientes garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo y al legislativo.

En diciembre de 2018, el activista Hugo Damián Prieto Blanco, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, fue condenado a un año de cárcel por el delito de "peligrosidad social predelictiva". El Código Penal establece que una persona puede ser considerada en "estado peligroso" cuando se determina que tiene una "especial proclividad" para cometer delitos —incluso antes de haberlos consumado— "demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista". Zapata había sido detenido en noviembre de 2018 cuando participaba en una protesta. En abril, su condena fue suspendida y lo liberaron.

En mayo, después de más de dos años en prisión, el Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en libertad con restricciones a la posibilidad de circulación y de realizar actividades. Cardet, promotor de la campaña "Un cubano, un voto", había sido condenado a tres años de prisión en marzo de 2017. Durante su encarcelamiento, se lo mantuvo en régimen de aislamiento y se le negaron las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono. Las autoridades señalaron que las visitas familiares "no estaban contribuyendo a la reeducación".

En octubre, José Daniel Ferrer, dirigente opositor y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la organización a favor de la democracia más grande y activa de Cuba, fue detenido en su vivienda por policías. No se le ha informado de ningún cargo en su contra y no ha sido llevado ante un juez. Aún se encontraba detenido al momento de redacción de este informe.

Ese mismo mes, Armando Sosa Fortuny, el preso político más antiguo de Cuba, murió a raíz de complicaciones de salud en un hospital en Camagüey, adonde fue trasladado desde la cárcel en agosto pasado. Sosa había cumplido 26 años de una condena de 30 años impuesta en 1993 por ingreso ilegal en Cuba y "otros actos contra la seguridad del estado". Sosa, un conocido disidente, pasó 43 de sus 76 años encarcelado en Cuba.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que se implementaron reformas en 2003, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas sobre viajes otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de "defensa y seguridad nacional" u "otras razones de interés público", y en reiteradas oportunidades las autoridades le han negado selectivamente la salida a personas que expresan disenso, sin garantías de debido proceso.

El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana desde otras provincias. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas viajen a La Habana para asistir a reuniones.

En mayo de 2019, a la periodista Luz Escobar, del sitio web independiente 14yMedio, se le prohibió viajar a Miami. En agosto, también se le prohibió viajar a Argentina, y al periodista Javier Valdés de la publicación Convivencia no se le permitió viajar a España. Los agentes les informaron que no estaban autorizados a viajar. También en agosto, se le prohibió al pastor evangélico Adrián del Sol viajar a Trinidad y Tobago, donde tenía previsto participar en un evento sobre persecución religiosa.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron expresos políticos. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía no reconoce a la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos. En julio, Ricardo Fernández Izaguirre, defensor de derechos humanos y periodista, fue detenido después de abandonar la sede de las Damas de Blanco en La Habana, donde había estado documentando violaciones de la libertad religiosa. Fue liberado tras nueve días de cárcel.

Orientación sexual e identidad de género

Luego de protestas, el gobierno cubano decidió eliminar una disposición del proyecto de nueva constitución aprobado en febrero de 2018, que habrían establecido una nueva definición de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la disposición transitoria n.º 11 de la constitución establece que en el plazo de dos años tras la aprobación, se someterá a referéndum popular el proyecto de Código de Familia "en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio".

En mayo, miembros de las fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación en La Habana a favor de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y detuvieron a varios activistas, según informaron medios de comunicación. La manifestación, que no contaba con autorización, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la marcha del Orgullo Gay 2019 de Cuba.

Actores internacionales clave

En noviembre de 2017, el gobierno de EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con sociedades vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. En marzo de 2019, el gobierno de Trump estableció un plazo de un mes durante el cual ciudadanos estadounidenses podían demandar a decenas de empresas cubanas incluidas en una lista negra elaborada por el gobierno estadounidense.

En junio, el gobierno de EE. UU. impuso nuevas restricciones a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba, al prohibir las escalas de los cruceros y los viajes educativos grupales a ese país. El secretario del Tesoro expresó que dichas restricciones obedecen a que "Cuba sigue teniendo un rol de desestabilización en el Hemisferio Occidental, al facilitar la presencia comunista en la región y apoyar a adversarios de Estados Unidos en sitios como Venezuela y Nicaragua, fomentando la inestabilidad, socavando el Estado de derecho y suprimiendo los procesos democráticos".

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró un pedido al gobierno cubano para que se le permita visitar el país con el fin de monitorear la situación de los derechos humanos.

En septiembre, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, visitó Cuba para copresidir el segundo Consejo Conjunto UE-Cuba en el cual se trataron las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, en particular los diálogos políticos entre éstos y la cooperación política y comercial.

El mandato de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas venció a fines de 2019. Durante el tiempo que integró el consejo, Cuba votó reiteradamente para prevenir el monitoreo de violaciones de derechos humanos, y se opuso a resoluciones que abordaban abusos en países como Venezuela, Siria, Myanmar, Bielorrusia, Burundi, Irán y Filipinas.

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