Última actualización: Viernes, 14 Febrero 2020, 19:31 GMT

HRW: Informe Mundial 2020. Resumen de País: Brasil, eventos 2019.

Fuente Human Rights Watch
Fecha de publicación 14 Febrero 2020
Citar como Human Rights Watch, HRW: Informe Mundial 2020. Resumen de País: Brasil, eventos 2019., 14 Febrero 2020, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5e46d59e4.html [Accesado el 19 Febrero 2020]
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Durante su primer año de gestión, el Presidente Jair Bolsonaro ha adoptado una agenda antiderechos y ha impulsado políticas que expondrían a las poblaciones vulnerables a mayores riesgos. El sistema judicial y el Congreso frenaron algunas de estas políticas.

El gobierno de Bolsonaro ha presentado un proyecto de ley que permitiría que policías condenados por ejecuciones extrajudiciales eludan cumplir penas de prisión. Sus políticas ambientales han dado en la práctica vía libre a redes delictivas dedicadas a la tala ilegal en la Amazonia, que ejercen violencia e intimidación contra indígenas, residentes locales y funcionarios de las agencias medioambientales que intentan defender la selva.

Seguridad pública y conducta policial

Si bien el número de muertes violentas bajó un 11 % en 2018, sigue habiendo altos índices de criminalidad en el país. Los abusos policiales dificultan la lucha contra la delincuencia al desalentar a las comunidades de denunciar delitos o colaborar con las investigaciones. Estos abusos contribuyen a agravar un círculo de violencia que perjudica la seguridad pública y pone en riesgo la vida de policías y del resto de la población. En 2018, fueron asesinados 343 policías, dos tercios de ellos mientras estaban fuera de servicio.

Las muertes a manos de policías subieron un 20 % en 2018, llegando a 6.220, según datos oficiales de los estados recopilados por la organización sin fines de lucro Foro Brasileño de Seguridad Pública. Algunas muertes por policías son en defensa propia, pero muchas otras son resultado del uso ilegítimo de la fuerza. En São Paulo, las muertes a manos de policías en servicio se incrementaron un 8 % entre enero y septiembre de 2019. En Río de Janeiro, policías mataron a 1.402 personas entre enero y septiembre, la mayor cifra registrada para ese período.

El Presidente Bolsonaro ha alentado a la policía a matar a sospechosos de crímenes. En agosto, señaló que los delincuentes deberían "morir como cucarachas". Su gobierno envió un proyecto de ley al Congreso —que, según dijo, estaba destinado a agentes de policía— para permitir que los jueces suspendan las penas a personas condenadas por homicidio cuando hayan actuado sobre la base de un "temor excusable, sorpresa o emoción intensa". El Presidente Bolsonaro también anunció que indultaría a los policías condenados por delitos si consideraba que la condena era "injusta".

En Río de Janeiro, el gobernador ha alentado a la policía a matar a sospechosos armados. Tres días después de que Ágatha Félix, de 8 años, muriera asesinada durante un operativo policial en septiembre, el gobernador modificó un programa de bonificaciones que, según muchos, había ayudado a reducir la violencia policial. De conformidad con las nuevas normas, los agentes ya no serán recompensados cuando disminuyan las muertes causadas por la policía.

En São Paulo, fiscales demandaron al gobierno del estado para exigirle tomar medidas que reduzcan las muertes que involucran a policías, tanto en calidad de autores como de víctimas, así como instalar cámaras y utilizar otros tipos de tecnología que faciliten la investigación de conducta policial indebida.

Una ley de 2017 trasladó de la justicia penal ordinaria a la justicia militar los procesos contra integrantes de las fuerzas armadas acusados de la ejecución extrajudicial de civiles, lo cual contraviene las normas internacionales. Menos de un mes después de que se sancionara la ley, ocho civiles fueron asesinados durante un operativo conjunto llevado a cabo por la policía civil y el Ejército en Río de Janeiro. Los fiscales militares cerraron el caso en mayo de 2019, sin haber entrevistado a testigos civiles claves y sin haber llevado a cabo un análisis forense del lugar desde donde se efectuaron los disparos.

En abril, soldados del Ejército dispararon a una familia que viajaba en un automóvil en Río de Janeiro, y mataron a un hombre e hirieron a otro. Autoridades del Ejército dijeron que los soldados respondieron a disparos de delincuentes, pero más tarde admitieron "incongruencias" en las declaraciones de los soldados. La policía no encontró armas en el automóvil. El propio Ejército está investigando el caso.

Condiciones en centros de detención y torturas

Hasta el 1 de octubre, había más de 830.000 adultos encarcelados en Brasil, más del 40 % de ellos en espera del juicio, según el Consejo Nacional de Justicia. En junio de 2017, el número de detenidos superaba la capacidad máxima de las instalaciones en un 70 %, según los datos más recientes.

El hacinamiento y la falta de personal suficiente impiden que las autoridades penitenciarias conserven el control dentro de muchas cárceles, y esto hace que los detenidos sean vulnerables a violencia y al reclutamiento por pandillas. En 2019, reclusos mataron a otros 117 internos en cinco cárceles en Amazonas y Pará en un lapso de menos de tres meses.

En agosto, los medios informaron que nadie había sido juzgado por el asesinato de casi 300 reclusos en los últimos tres años.

En 2018, varias sentencias del Supremo Tribunal Federal y una nueva ley establecieron la detención domiciliaria en vez de la prisión preventiva para el caso de mujeres embarazadas, madres de personas con discapacidad y madres con hijos menores de 12 años, salvo para las acusadas de delitos violentos o delitos contra sus dependientes. Aun así, según datos oficiales, en julio de 2019 más de 5.100 mujeres con derecho a detención domiciliaria, 310 de ellas embarazadas, esperaban el juicio encarceladas.

El Consejo Nacional de Justicia dispuso que, para mayo de 2016, todos los detenidos debían ser llevados, dentro de las 24 horas de su arresto, a una audiencia para determinar si debían permanecer detenidos o ser puestos en libertad a la espera del juicio. Para septiembre de 2019, al menos siete estados aún no realizaban estas "audiencias sobre prisión preventiva" en todo su territorio, según el Consejo Nacional de Justicia. Cuando no se llevan a cabo estas audiencias, es habitual que los detenidos tengan que esperar varios meses antes de ser llevados ante un juez.

Un estudio de 2019 del Instituto por la Defensa del Derecho a la Defensa informó que una cuarta parte de los detenidos declaraban en sus audiencias que habían sufrido malos tratos por parte de policías.

En Pará, fiscales federales señalaron en septiembre que habían recibido pruebas de que una fuerza federal enviada por el gobierno de Bolsonaro a las cárceles en ese estado maltrataba y torturaba a detenidos. Un juez federal ordenó la remoción del jefe de la fuerza.

El gobierno de Bolsonaro impidió inicialmente una visita a los centros de detención del estado de Ceará por parte del Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, un organismo de expertos establecido por ley para detectar casos de tortura. Cuando el mecanismo pudo finalmente concretar la visita, halló "indicios de prácticas de tortura generalizada". En junio, el Presidente Bolsonaro despidió a los expertos mediante un decreto y determinó que los futuros miembros del mecanismo no recibirían remuneración alguna. La fiscal general declaró que el decreto violaba derechos fundamentales y solicitó su revocación al Supremo Tribunal. En agosto, un juez federal lo suspendió provisoriamente.

En junio, el Presidente Bolsonaro refrendó un proyecto de ley que permite la internación obligatoria y sin autorización judicial de usuarios de drogas en centros de tratamiento.

Derechos de niños y niñas

Continúa habiendo problemas crónicos en los centros de detención de niños y niñas en conflicto con la ley, como hacinamiento, malos tratos y falta de acceso a servicios educativos y de salud.

En el estado de Espírito Santo, en noviembre de 2018, el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura encontró hasta diez niños en dormitorios con capacidad para una sola persona. En mayo de 2019, el Supremo Tribunal halló condiciones de grave hacinamiento en cuatro estados y dispuso que se tomaran medidas para paliar esta situación. En junio, el comité para combatir la tortura del estado de Piauí informó que niños detenidos habían sufrido golpizas y otros abusos.

En junio de 2019, los centros de detención de menores de Brasil alojaban a más de 21.000 niños y niñas y adultos jóvenes.

El Presidente Bolsonaro ha intentado evitar que niños y niñas accedan a educación sexual integral. Ordenó que el Ministerio de Salud quitara de circulación un folleto sobre salud para adolescentes con información sobre embarazo y enfermedades de transmisión sexual, porque se oponía a las imágenes que contenía.

También ordenó que el Ministerio de Salud redactara una ley para prohibir en las escuelas lo que él denomina "ideología de género". El gobernador de São Paulo ordenó que se retiraran de las escuelas públicas 330.000 folletos que explican temas de orientación sexual e identidad de género, alegando que fomentaban la "ideología de género". En septiembre, un juez determinó que se devolvieran los folletos a las escuelas.

Orientación sexual e identidad de género

El Presidente Bolsonaro ha hecho declaraciones homofóbicas y ha intentado restringir los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT).

El Presidente Bolsonaro dijo en abril que Brasil no debe convertirse en un "paraíso turístico gay" y en agosto manifestó que las familias eran solo aquellas compuestas por un hombre y una mujer. En septiembre, el Supremo Tribunal de Brasil ratificó que las uniones de personas del mismo sexo constituyen familias.

El gobierno de Bolsonaro suspendió la provisión de fondos públicos a cuatro películas que abordaban temáticas LGBT, y el alcalde de Río de Janeiro prohibió una historieta que muestra a dos hombres besándose. El Tribunal Supremo determinó que la medida del alcalde era ilegal.

En enero, Jean Wyllys, un defensor de los derechos de personas LGBT que había recibido amenazas de muerte, renunció a su banca en el Congreso debido a que temía por su vida. Fue reemplazado por David Miranda, quien, al igual que Wyllys, es abiertamente gay y también ha indicado haber recibido amenazas de muerte.

Derechos de mujeres y niñas

Brasil ha conseguido avances importantes en la lucha contra la violencia doméstica, con la adopción en 2006 de la ley "Maria da Penha", pero su implementación no es completa. Solo el 8 % de los municipios contaban con dependencias policiales especializadas en violencia contra mujeres y alrededor del 2 % gestionaban refugios para mujeres en 2018. En 2018, había un millón de casos de violencia doméstica en trámite en la justicia, incluidos 4.400 feminicidios, definidos por la legislación brasileña como el asesinato de mujeres "por el hecho de ser personas de sexo femenino".

El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal. La organización no gubernamental Artículo 19 se puso en contacto en 2019 con los hospitales que el gobierno indica como establecimientos donde se realizan abortos legales y descubrió que en la mayoría, de hecho, no llevaba a cabo esas intervenciones.

Las mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos se exponen no sólo al riesgo de lesiones y de muerte, sino además a penas de hasta tres años de cárcel, en tanto las personas condenadas por practicar abortos ilegales pueden recibir penas de hasta cuatro años.

En 2015 y 2016, un brote del virus del zika tuvo impactos nocivos especialmente en mujeres y niñas. Cuando infecta a una mujer embarazada, el zika puede causar complicaciones en el desarrollo fetal, incluido del cerebro. En septiembre, el gobierno estableció un pago mensual de por vida para los niños de bajos ingresos afectados por el zika cuyas familias aceptaran no iniciar demandas relacionadas con este virus contra el gobierno.

En julio, el Consejo Federal de Medicina publicó una resolución en la que se faculta a los médicos a realizar procedimientos a mujeres embarazadas sin su consentimiento, aunque no exista riesgo inminente de muerte. Fiscales federales sostuvieron que la norma podía dar lugar a partos por cesárea innecesarios y a procedimientos no recomendados por la Organización Mundial de la Salud cuando se realizan de manera rutinaria, como la episiotomía.

Libertad de expresión y de asociación

El Presidente Bolsonaro ha arremetido en reiteradas oportunidades contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes de Brasil.

En enero, su gobierno restringió el acceso público a información del gobierno, pero el Congreso revocó el decreto.

El Presidente Bolsonaro ha atacado verbalmente a medios de comunicación y periodistas cuya cobertura le resultaba incómoda. En muchos casos, estos periodistas han sufrido hostigamiento en Internet tras ser señalados. En septiembre, el gobierno de Bolsonaro instó a los fiscales a iniciar una investigación penal de un sitio de noticias por publicar un artículo que exponía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el aborto seguro.

El gobierno de Bolsonaro se muestra abiertamente hostil a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en particular a las que defienden el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En enero, el gobierno se concedió a sí mismo la facultad de "supervisar, coordinar, monitorear y hacer el seguimiento" de ONGs, pero el Congreso revocó esa facultad.

El gobierno de Bolsonaro eliminó la mayoría de los consejos, comités y grupos de trabajo federales, muchos de los cuales tenían entre sus integrantes a representantes de la sociedad civil, y redujo la representación de ONGs en comités que no se eliminaron.

Derechos de las personas con discapacidad

Miles de personas con discapacidad, incluidos bebés y niños pequeños, están internadas innecesariamente en instituciones, donde pueden enfrentar desatención y abuso, a veces de por vida. A pedido de un familiar o del director de una institución, los jueces pueden privar a las personas con discapacidad de su derecho a tomar decisiones por sí mismas. Las personas privadas de este derecho pueden abandonar las instituciones solo con el consentimiento de sus tutores, un requisito que contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

Miles de venezolanos han cruzado la frontera hacia Brasil huyendo del hambre, la falta de atención médica básica o la persecución. Según cifras gubernamentales, en septiembre más de 224.000 venezolanos vivían en Brasil, y más de la mitad de estas personas habían solicitado asilo.

En junio, la agencia federal de refugiados de Brasil declaró que existe una "violación grave y generalizada de los derechos humanos" en Venezuela. Esta declaración legal agiliza el trámite de otorgamiento de asilo.

En julio, el gobierno de Bolsonaro emitió una reglamentación que permite a las autoridades prohibir el ingreso al país o deportar de forma sumaria a cualquier persona considerada "peligrosa" o que se considere que haya violado "los principios y objetivos de la Constitución". Tras las críticas públicas, en octubre el gobierno modificó algunas de las disposiciones pero mantuvo la autoridad para deportar a ciudadanos extranjeros cuando existan "motivos graves" para considerar que son "peligrosos".

Medioambiente

Las redes delictivas que son mayormente responsables de impulsar la tala ilegal en la Amazonia continuaron amenazando, e incluso asesinando, a indígenas, residentes locales y funcionarios públicos que defienden la selva.

En la práctica, el gobierno de Bolsonaro ha dado vía libre a esas redes al recortar los fondos destinados a agencias ambientales y socavar sus facultades. Datos preliminares indican que entre enero y octubre, la deforestación en la Amazonia aumentó en más del 80 %, en comparación con el mismo período en 2018.

La organización sin fines de lucro Consejo Indigenista Misionero (CIMI) denunció 160 casos de tala ilegal, apropiación de tierras y otras transgresiones contra territorios indígenas entre enero y septiembre. En noviembre, el defensor indígena de la selva amazónica Paulo Paulino Guajajara fue asesinado, presuntamente por taladores.

Desde enero y hasta el 3 de octubre, el gobierno de Bolsonaro aprobó 382 nuevos pesticidas, muchos de ellos restringidos o prohibidos por su toxicidad en Estados Unidos y en Europa. En julio, el gobierno estableció el riesgo de muerte como el único criterio para clasificar a un pesticida como "extremadamente tóxico". Las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que el gobierno no monitorea adecuadamente la exposición a pesticidas y residuos de pesticidas en el agua potable y los alimentos.

Abusos del período militar

Los responsables por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1964 a 1985 siguen eludiendo la justicia por efecto de una ley de amnistía de 1979, que fue ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el fallo violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.

Desde 2010, los fiscales federales han acusado a cerca de 60 exagentes de la dictadura en relación con asesinatos, secuestros y otros delitos graves. Los tribunales inferiores desestimaron la mayoría de las causas invocando la ley de amnistía o la prescripción de los delitos. Algunas de esas causas se encuentran pendientes ante el Supremo Tribunal. En agosto, un tribunal federal aprobó por primera vez cargos de violación sexual contra un exagente del régimen militar.

El Presidente Bolsonaro ha elogiado las dictaduras en Brasil y de otros países de América del Sur. Bolsonaro ha calificado de "héroe nacional" a un exagente condenado como torturador en una causa civil. Negó que la periodista Miriam Leitão fuera torturada por militares y que Fernando Santa Cruz, padre del presidente del Colegio de Abogados de Brasil, fuera asesinado por el régimen, pero no ofreció pruebas al respecto.

El gobierno de Bolsonaro designó a aliados —algunos de los cuales habían defendido públicamente la dictadura— para integrar dos comisiones que estudian las solicitudes de indemnización para víctimas de la dictadura y gestionan la búsqueda de los cuerpos de personas desaparecidas. Entre enero y septiembre, la comisión de amnistía negó el 92 % de las solicitudes de indemnización.

Actores internacionales clave

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, habría advertido en septiembre que el "discurso público que legitima las ejecuciones sumarias" por parte de policías en Brasil puede "aumentar la impunidad y reforzar el mensaje de que los agentes del Estado están por encima de la ley". También criticó la "reducción del espacio cívico y democrático". El Presidente Bolsonaro respondió a Bachelet elogiando la "valentía" de la dictadura de Chile por luchar contra los "comunistas, entre ellos su padre". Alberto Bachelet fue torturado y murió mientras estaba detenido.

En junio, el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza se refirió a las promesas del Presidente Bolsonaro de terminar con la demarcación de los territorios indígenas y debilitar las protecciones ambientales como "medidas estrechas de mira en la dirección equivocada".

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura instó al Presidente Bolsonaro a revocar el decreto que "debilitaba gravemente" el mecanismo nacional contra la tortura, y criticó al gobernador de São Paulo por vetar la creación de un mecanismo estatal contra la tortura.

Política exterior

El gobierno de Bolsonaro ordenó a sus diplomáticos que defiendan que la palabra "género" significa "sexo biológico: hombre o mujer". En julio, criticó una resolución de la ONU sobre la violencia contra las mujeres por incluir una referencia a "servicios de atención de la salud sexual y reproductiva", declarando que la expresión puede dar margen "a la promoción del aborto".

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