Última actualización: Viernes, 14 Febrero 2020, 19:31 GMT

HRW: Informe Mundial 2020. Resumen de País: Honduras, eventos 2019.

Fuente Human Rights Watch
Fecha de publicación 11 Febrero 2020
Citar como Human Rights Watch, HRW: Informe Mundial 2020. Resumen de País: Honduras, eventos 2019., 11 Febrero 2020, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5e46bfe34.html [Accesado el 19 Febrero 2020]
Descargo de responsabilidadEsta no es una publicación del ACNUR. El ACNUR no es responsable, ni respalda necesariamente, su contenido. Todas las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente al autor o fuente y no necesariamente reflejan las del ACNUR, las Naciones Unidas o sus Estados Miembros.

Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue presentando una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. La pobreza, la violencia y la inseguridad generan importantes flujos de migrantes y solicitantes de asilo. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso injustificado de la fuerza letal y otros tipos de uso excesivo de la fuerza por miembros las fuerzas de seguridad durante hechos de represión policial y militar que tuvieron lugar en manifestaciones realizadas entre marzo y julio. La represión ejercida tuvo como saldo varias muertes y numerosos heridos. No resulta claro cuántas de las personas que murieron o sufrieron lesiones fueron víctimas de la fuerza excesiva ejercida por las autoridades.

Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas, y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en 2016 a través de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha impulsado investigaciones en unos pocos casos de corrupción en los que están implicados altos funcionarios. Al mes de septiembre, las autoridades debatían si debía extenderse el mandato de la MACCIH, que estaba previsto que finalizara a fines de 2019. En noviembre, el gobierno de Honduras y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) crearon una mesa de evaluación para examinar el desempeño de la MACCIH, antes de analizar si su mandato se extendería o no.

Abusos y corrupción policial

En diciembre de 2018, la legislatura aprobó una resolución para extender hasta enero de 2022 el mandato de una Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, responsable de separar de sus cargos a miembros activos de la Policía Nacional que no cumplieran con sus deberes. Al mes de junio de 2019, casi la mitad de más de 13.500 policías evaluados por la comisión habían sido separados de sus cargos por actos cometidos durante su función. No obstante, la comisión ha sido criticada por su opacidad y varios de los casi 6.000 agentes expulsados han sido detenidos por la policía por presuntos delitos cometidos después de su desafectación. Esto hizo que el gobierno, en el mes de julio, estableciera una fuerza policial de élite a la cual se asignó la tarea de monitorear las actividades de policías desafectados después de ser expulsados de la institución.

En febrero, el Consejo Nacional Anticorrupción, una organización independiente de la sociedad civil, acusó ante la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción al expresidente Porfirio Lobo de malversación de fondos del gobierno durante su presidencia. En mayo, la MACCIH anunció que estaba investigando a Lobo por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico para financiar su campaña electoral. Lobo niega las acusaciones.

En agosto, los medios informaron que un tribunal había condenado a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Lobo, a 58 años de prisión por cargos de corrupción. Esta fue la primera condena que logró la MACCIH.

En agosto, los medios de comunicación informaron que fiscales federales de Estados Unidos habían dado a conocer documentos que implicaban al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, en una conspiración de narcotráfico y lavado de dinero junto con su hermano Juan Antonio Hernández. Después de un juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos durante dos semanas en octubre, Hernández fue condenado por conspiración para el narcotráfico. Se prevé que se le impondrá una pena en enero de 2020. El Presidente Hernández, contra quien no se han presentado cargos, ha "negado categóricamente" las acusaciones.

Independencia judicial

Los jueces suelen ser blanco de actos de interferencia política por parte del poder ejecutivo y otros actores, incluidos algunos particulares vinculados con el gobierno. En agosto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados indicó que cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema habían sido destituidos por el Congreso por razones políticas y señaló la falta de transparencia en los nombramientos judiciales y la falta de escrutinio público en la designación de funcionarios de alto rango.

Represión de manifestaciones

En abril, surgieron protestas y huelgas en todo el país por la aprobación de normas para reestructurar los sistemas de salud y educación. Aunque las regulaciones fueron derogadas en abril, las protestas continuaron. Posteriormente, hubo otras manifestaciones relativas a denuncias de corrupción que implicaban al Presidente Hernández.

Organizaciones locales de derechos humanos denunciaron que, en la represión que tuvo lugar entre marzo y julio, al menos seis personas perdieron la vida, 80 resultaron heridas y se produjeron 48 detenciones arbitrarias. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por los señalamientos de que las fuerzas de seguridad habían disparado con armas de fuego a los manifestantes.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Organizaciones internacionales que trabajan a favor de la libertad de prensa señalan que los periodistas siguen siendo objeto de amenazas y actos de violencia, perpetrados tanto por particulares como por agentes del Estado.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, CONADEH, denunció el asesinato de 79 periodistas entre octubre de 2001 y septiembre de 2019. El 91 % de esos casos seguía impune.

En marzo, un grupo de hombres armados en Nacaome mató al periodista Leonardo Gabriel Hernández, de Valle TV, como represalia —según lo señaló la policía— por el trabajo que este había llevado a cabo para sacar a la luz el accionar de grupos de delincuencia organizada. Otros tres periodistas habían sido asesinados hasta el mes de noviembre de 2019.

En mayo, se adoptó un nuevo código penal que mantuvo los delitos de difamación, calumnias e injurias. Todos estos delitos se han utilizado para perseguir penalmente a periodistas por "delitos contra el honor". En agosto, el Congreso anunció que despenalizaría esos delitos, lo cual sólo permite iniciar acciones civiles. Hasta el mes de noviembre, el director de Radio Globo, David Romero, seguía privado de libertad y cumplía una condena de 10 años por difamación, según información proporcionada por la organización hondureña C-Libre, que defiende la libertad de prensa. Fue condenado originalmente en 2016 y la Corte Suprema confirmó la condena en enero.

Debido a su redacción amplia e imprecisa, otras disposiciones del nuevo código penal podrían criminalizar el ejercicio lícito de los derechos de asociación y de protesta. Esto incluye el delito de "desórdenes públicos", que se define de manera imprecisa como "violencia o intimidación graves [que] atemoriza a la población o parte de esta". El código también utiliza un lenguaje excesivamente amplio al definir los delitos de "asociación ilícita", "manifestaciones" y "terrorismo". En julio de 2019, la CIDH y la ACNUDH expresaron su preocupación por estas disposiciones y solicitaron que fueran revisadas. En noviembre, la legislatura aplazó la entrada en vigor del código penal, que estaba prevista para noviembre de 2019, hasta mayo de 2020.

Ataques contra abogados, defensores de derechos humanos y ambientalistas

El relator especial de la situación de los defensores de derechos humanos considera que Honduras es "uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos".

En febrero, Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, ambos miembros de la comunidad indígena Tolupan que pertenecían a la tribu de San Francisco Locomapa y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), murieron abatidos por disparos pese a las "medidas cautelares" dictadas por la CIDH en 2013 con el objeto de asegurar que el gobierno los protegiera.

En octubre, María Digna Montero, miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y defensora de la tierra y la cultura de la comunidad indígena Garifuna, recibió un disparo y fue asesinada por personas no identificadas en su vivienda de Colón.

En noviembre de 2018, un tribunal declaró culpables a siete hombres por el homicidio, cometido en 2016, de la activista ambiental y de derechos indígenas Berta Cáceres. Uno de los condenados fue un exjefe de seguridad de Desarrollos Energéticos SA (DESA), la empresa que estaba construyendo la represa Agua Zarca, contra la cual Cáceres había emprendido una campaña en el momento de su asesinato.

Diversos activistas locales han criticado el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015, por la falta de criterios uniformes en el otorgamiento de medidas de protección, y por su ineficacia.

Orientación sexual e identidad de género

La violencia basada en la identidad de género o la orientación sexual es un problema extendido en Honduras. Varios organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Honduras han señalado que la violencia contra las personas LGBT las obliga al "desplazamiento interno" o a huir en busca de protección internacional. El gobierno de Honduras no cuenta con datos sobre asesinatos basados en la orientación sexual o la identidad de género, pero la Red Lésbica Cattrachas indicó que, entre enero y agosto de 2019, al menos 26 personas LGBT habían sido asesinadas. En un caso documentado por Human Rights Watch en junio de 2019, una mujer transgénero fue asesinada y mutilada cerca de San Pedro Sula, aparentemente en un delito motivado por el odio.

En marzo, entró en vigencia una nueva ley de adopción que prohíbe que parejas del mismo sexo adopten hijos.

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer

El aborto en Honduras es ilegal sin excepción, incluso en caso de violación e incesto, cuando hay riesgos graves para la vida de la mujer o complicaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. De conformidad con el nuevo código penal, las mujeres y niñas que interrumpen embarazos pueden recibir penas de prisión de hasta seis años. La ley penaliza además a los proveedores de servicios de abortos.

El gobierno también prohíbe la anticoncepción de emergencia, o "pastilla del día después", que puede evitar el embarazo luego de una violación, tras mantener relaciones sexuales sin protección o cuando falla un método anticonceptivo.

Derechos del niño

En 2017, el Congreso de Honduras aprobó por unanimidad un proyecto legislativo que declaró ilegal el matrimonio de todas las personas de menos de 18 años. El nuevo proyecto legislativo reemplaza la ley que hasta entonces permitía que las niñas contrajeran matrimonio a los 16 años con autorización de su familia. Según datos de Unicef, un tercio de las niñas hondureñas se casa antes de los 18 años.

La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de la CONADEH informa que el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de pandillas o grupos delictivos es la quinta razón más frecuente por la cual los hondureños se desplazaron internamente en el primer semestre de 2019. Unicef ha señalado que no existen estadísticas confiables sobre cuántos niños han sido reclutados para integrar estos grupos.

Condiciones en centros de detención

Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son endémicas en las prisiones hondureñas. Un estudio de diciembre de 2018 llevado a cabo por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, un órgano oficial, denunció que, en las cárceles del país, había 21.004 internos, una cifra que duplica la que existía diez años atrás.

Migrantes y refugiados

En enero, una nueva caravana de migrantes comenzó a formarse en San Pedro Sula, en dirección a México y Estados Unidos. Los medios señalaron que las autoridades de Honduras habían obstruido y, en algunos casos, prohibido que los hondureños salieran del país exigiéndoles documentos de identidad, estableciendo puestos de control y bloqueos, e incluso arrojando gases lacrimógenos a la caravana. La CIDH expresó su preocupación por el uso de violencia y otras medidas para evitar que las personas salieran del país e instó a Honduras a garantizar los derechos de los migrantes, incluido el derecho a salir de cualquier país.

En septiembre, Honduras y Estados Unidos firmaron un "acuerdo de cooperación de asilo" que exige que Honduras reciba a los solicitantes de asilo que son remitidos por Estados Unidos. De conformidad con este acuerdo, Honduras no puede enviar de regreso ni expulsar a los migrantes hasta tanto sus casos relacionados con pedidos de asilo sean resueltos por las autoridades federales de Estados Unidos.

Actores internacionales clave

En marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que dejaría de brindar asistencia a Guatemala, Honduras y El Salvador, después de que el Presidente Donald Trump criticara a los países del Triángulo Norte por no haber supuestamente tomado medidas para detener las caravanas que se dirigían hacia el norte. En junio, Estados Unidos anunció que volvería a brindar parte de la ayuda, pero que esta asistencia se suspendería si los países no implementaban acciones para reducir la migración a Estados Unidos. En octubre, Estados Unidos anunció que restituiría parcialmente la ayuda a Honduras, que anteriormente se había suspendido —como así también a El Salvador y Guatemala—, después de que los tres países celebraron acuerdos de cooperación de asilo con Estados Unidos.

En abril, la CIDH inició acciones contra Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la ejecución extrajudicial de una mujer transexual y defensora de los derechos humanos en 2009, mientras regía un toque de queda. La CIDH determinó que el asesinato había estado motivado por prejuicios contra su identidad y expresión de género. El tribunal tuvo en consideración el contexto de violencia y discriminación contra las personas LGBT en Honduras.

En mayo, la CIDH visitó Honduras, a modo de seguimiento a su visita de 2018.

El relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados visitó Honduras en agosto de 2019 y señaló que "urge adoptar las medidas necesarias para poner fin a la corrupción y garantizar la independencia judicial".

En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos visitó Honduras para evaluar cómo el gobierno y el sector empresarial cumplen con su responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar las violaciones de derechos humanos y los impactos negativos vinculados con la actividad empresarial. El informe preliminar documenta que el acceso a la tierra, su uso y su control por parte de las empresas es un problema recurrente que origina numerosos conflictos sociales.

En octubre, la CIDH publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, después de una visita al país que tuvo lugar en 2018. El informe identifica falencias institucionales y en materia de derechos humanos, y destaca cómo la falta de acceso a la justicia "ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos".

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