Última actualización: Viernes, 25 Septiembre 2020, 22:55 GMT

Refugio en Perú: personas venezolanas deben ser protegidas

Fuente Amnistía Internacional
Fecha de publicación 24 Enero 2020
Referencia AMR 46/1710/2020
Citar como Amnistía Internacional, Refugio en Perú: personas venezolanas deben ser protegidas, 24 Enero 2020, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5e34ad244.html [Accesado el 30 Septiembre 2020]
Descargo de responsabilidadEsta no es una publicación del ACNUR. El ACNUR no es responsable, ni respalda necesariamente, su contenido. Todas las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente al autor o fuente y no necesariamente reflejan las del ACNUR, las Naciones Unidas o sus Estados Miembros.

Mientras millones huyen de las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, los Estados de las Américas tienen la obligación de brindar seguridad y protección. El anuncio del gobierno peruano sobre la creación de una unidad de seguridad pública para enfrentar específicamente a las personas venezolanas en Perú es una medida discriminatoria que contraviene las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En lugar de demonizar a las personas que necesitan protección, las autoridades peruanas deben garantizar sus derechos al debido proceso y a buscar protección internacional.

El anuncio del gobierno peruano de sus planes de crear una brigada para combatir el crimen cometido por personas extranjeras es discriminatorio y viola las leyes internacionales de derechos humanos. Si bien se enmarca en las y los extranjeros, lo que en cualquier caso sería discriminatorio, esta medida claramente tiene como objetivo dirigirse a las personas venezolanas. Con más de 800,000 venezolanas y venezolanos, representan la mayoría de las personas extranjeras en el país, seguidos por 96,000 provenientes de Ecuador y 74,000 de Chile, según las estadísticas del gobierno. En los últimos meses, autoridades de alto rango han tratado de culpar a las personas venezolanas por el crimen en Perú, en una grave negación de su responsabilidad hacia una población que necesita protección urgentemente.

Según el anuncio del Ministro del Interior, la brigada especial formaría parte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, reportando al Ministerio del Interior, e incorporará investigadores de varias divisiones, incluidas las de homicidios, robos y secuestros. La creación de una brigada para enfocarse en un grupo particular, en este caso contra las personas venezolanas, es un acto abierto de discriminación por parte del gobierno peruano. Perú está obligado a abstenerse de tomar medidas que discriminen a un grupo en particular, incluso en el desarrollo de legislación, regulaciones y prácticas.

Así mismo, las frecuentes declaraciones públicas hechas por las autoridades, que relacionan a personas venezolanas con criminalidad, son irresponsables y peligrosas. Las autoridades peruanas tienen el deber de evitar declaraciones que estigmaticen a las personas venezolanas, lo cual solo sirve para incitar el miedo hacia una población que llega a Perú en busca de seguridad y podría ponerlos en peligro de ataques xenófobos.

La aplicación de la ley debe hacerse de una manera que cumpla con las obligaciones legales nacionales e internacionales de Perú, incluidas las relacionadas a las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiada. Cualquier persona venezolana acusada de haber cometido delitos en Perú debe rendir cuentas mediante juicios justos, como lo haría cualquier persona peruana acusada de delitos. Solo en casos excepcionales y extremos, como los crímenes de lesa humanidad, las personas pueden ser excluidas de la protección internacional.

El principio internacional de no devolución prohíbe a los Estados trasladar a cualquier persona, de cualquier manera, a un lugar donde corran un riesgo real de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. Cualquier procedimiento de deportación debe cumplir con las garantías del debido proceso, incluida la evaluación objetiva de las circunstancias de las personas y los riesgos que enfrentarían al regresar, así como el acceso a representación legal y el derecho a un recurso efectivo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido a los gobiernos de los países de acogida de la región que tomen medidas para prevenir la xenofobia y la discriminación contra las personas venezolanas que buscan seguridad. Además, el gobierno peruano, junto con otros gobiernos de los países de acogida, se ha comprometido a prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas venezolanas como parte del Proceso de Quito.

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