Última actualización: Viernes, 18 Octubre 2019, 18:49 GMT

Honduras: CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras

Fuente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Fecha de publicación 3 Octubre 2019
Citar como Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Honduras: CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, 3 Octubre 2019, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5d9669944.html [Accesado el 20 Octubre 2019]
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe "Situación de los Derechos Humanos en Honduras". La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto de 2018, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.

En este informe, la CIDH aborda la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el conflicto poselectoral, seguridad ciudadana, administración de justicia, libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, la Comisión analiza de manera particular la situación de grupos y personas de especial preocupación, como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad humana. En el informe, la CIDH advierte que para que en el país exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en el proceso de fortalecimiento de su institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. La CIDH ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado hondureño en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos en el país.

La CIDH valora las medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a algunas de las situaciones presentadas en el informe. En particular, reconoce la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de impulsar e implementar la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Asimismo valora la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los distintos mecanismos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos. Igualmente reconoce la aprobación de la Ley de la Carrera Policial y los esfuerzos realizados en cuanto a la disminución en la tasa general de homicidios y para fortalecer y profesionalizar a la policía. Asimismo, reconoce la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el compromiso manifestado de continuar con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.

Honduras enfrenta niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de lo que consideran una "justicia selectiva" que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial. Asimismo, persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de los órganos de control de jueces y juezas. Ello, debido a que continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.

La Comisión resalta que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo, el Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de la situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persistente en el país, que impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre todo en los grupos en situación de particular riesgo. Lo anterior requiere la adopción de medidas efectivas y acordes con los estándares internacionales aplicables.

En este contexto, la CIDH realiza una serie de recomendaciones al Estado de Honduras. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, fortalecer la institucionalidad democrática; garantizar que en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan; avanzar en las investigaciones por los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones; o avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con la administración de justicia, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.

La CDIH reitera su compromiso con el Estado hondureño en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.

La Comisión reitera su agradecimiento al Presidente Juan Orlando Hernández y a su Gobierno la invitación a realizar la visita in loco. Asimismo agradece todas las facilidades logísticas y la asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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