Última actualización: Viernes, 20 Septiembre 2019, 20:51 GMT

Nicaragua: Impune ante las violaciones de los derechos humanos

Fuente Centro de Noticias ONU
Fecha de publicación 6 Septiembre 2019
Citar como Centro de Noticias ONU, Nicaragua: Impune ante las violaciones de los derechos humanos, 6 Septiembre 2019, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5d781e2a4.html [Accesado el 21 Septiembre 2019]
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Un nuevo informe de la ONU describe un panorama de intensa represión del Gobierno a la oposición, así como una impunidad generalizada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron desde abril en 2018. Michelle Bachelet pide que se reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo y que haya reparación para las víctimas.

En Nicaragua existe una falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los derechos humanos, asegura un nuevo informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos este viernes.

El equipo de Michelle Bachelet asegura que se les ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición tras las graves violaciones reportadas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.

"La Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas. Sin embargo, las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la "violencia golpista" y de la repercusión negativa en la economía del país", se lee en el documento.

El informe asegura además que las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el propósito declarado de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas de la crisis sociopolítica se impusieron sin consulta previa y no se ajustan a los principios internacionales pertinentes.

"La independencia del Gobierno y la inclusión de todas las partes interesadas, especialmente las víctimas, son condiciones indispensables para cualquier iniciativa que busque justicia y reparación", dice.

Persecución a los opositores

La investigación detalla que la fase más reciente de la represión contra los sectores críticos con el Gobierno se ha caracterizado por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica.

"Los funcionarios del Gobierno han recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno. Esta situación ha conducido a una reducción continua y notable del espacio cívico", asegura la Oficina de Bachelet.

Además, describe como los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas.

"Hasta la fecha, las autoridades no han investigado con diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia", afirma el documento.

El informe recalca que se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo. El monitoreo de algunos procesos penales contra personas detenidas en el contexto de las protestas también ha puesto de manifiesto deficiencias e incompatibilidades notorias en la aplicación de la legislación penal nacional con las normas y estándares internacionales sobre el debido proceso.

Una serie de violaciones

A principios de abril de 2018 comenzaron las protestas contra el Gobierno en toda Nicaragua, lo que dio lugar a manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y barricadas que fueron desmanteladas con violencia por la policía y elementos progubernamentales, entre mediados de junio y julio del mismo año.

Más de 300 personas murieron en el contexto de las protestas y su represión, mientras que 2000 más resultaron heridas. La crisis ha provocado la huida de más de 80.000 personas del país. La Oficina de Bachelet documentó un gran número de violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo, entre ellas delitos graves como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención.

El equipo de la Alta Comisionada además pudo verificar la participación de elementos armados progubernamentales en ataques contra los manifestantes y en detenciones llevadas a cabo con el consentimiento de las autoridades del Estado, principalmente de las fuerzas de orden público, y a menudo de manera conjunta y coordinada con éstas.

"La OACNUDH también denunció abusos cometidos por las personas involucradas en las protestas, entre ellos la muerte de agentes de policía y miembros del partido Sandinista y las lesiones a los mismos, así como la destrucción de infraestructura pública", asegura el informe.

A pesar de que en febrero de 2019 se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Alianza Cívica), y de que hasta el 11 de junio de 2019 se puso en libertad a 492 personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas de 2018, el Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia.

"Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos.

El 19 de diciembre de 2018, el Gobierno suspendió las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Asimismo, consideró cumplida la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), justo antes de la presentación del informe público de este último.

"Estas decisiones supusieron el fin de las actividades internacionales de monitoreo in situ de los derechos humanos en Nicaragua. En el informe del GIEI se indica que las autoridades perpetraron actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, tales como asesinatos, privación arbitraria de la libertad y persecución".

El 27 de febrero de 2019 se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica, con la presencia de representantes de la Organización de los Estados Americanos y de la Santa Sede en calidad de testigos internacionales. A pesar de las discrepancias entre las dos partes, el 27 de marzo de 2019 se alcanzó un acuerdo sobre la liberación de las personas privadas de libertad en el contexto de las protestas de 2018, y otro el 29 de marzo de 2019 sobre el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. El 20 de mayo de 2019, la Alianza Cívica abandonó la mesa de negociaciones, considerando que la aplicación de los dos acuerdos era limitada.

El pedido de Bachelet

La Alta Comisionada pide al Estado de Nicaragua que reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019.

Bachelet también hizo un llamado para que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros.

También es necesario restablecer urgentemente la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados, y devuelva todos los bienes, documentos y equipos incautados.

Además, con el apoyo y cooperación técnica de su Oficina, así como con la asistencia de las instituciones regionales de derechos humanos, la Alta Comisionada pide que se establezca un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo, se centre en las víctimas y contemple la investigación y enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones desde el 18 de abril de 2018; unas consultas participativas e inclusivas para reformar el sector judicial; consultas con asociaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas para la aplicación de un conjunto de medidas que garanticen su acceso a la justicia; y la desarticulación y desarme de los elementos armados progubernamentales.

Bachelet también pidió el Gobierno que tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones críticas con el Gobierno; que se modifique la legislación penal para que sea congruente con las normas y estándares internacionales; y que se asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e instituciones destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.

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