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Honduras: El gobierno y las empresas hondureñas deben garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por los proyectos de desarrollo, dicen expertos de la ONU

Fuente ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH)
Fecha de publicación 29 Agosto 2019
Citar como ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), Honduras: El gobierno y las empresas hondureñas deben garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por los proyectos de desarrollo, dicen expertos de la ONU, 29 Agosto 2019, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5d7030604.html [Accesado el 21 Septiembre 2019]

El Gobierno de Honduras necesita actuar ahora para abordar las profundas causas de los conflictos sociales, así como la desconfianza extrema en la capacidad de las instituciones estatales para promover una economía justa e inclusiva; concluyó un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, después de una visita de 10 días.

Todas las personas afectadas por los proyectos de desarrollo deben tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por el Gobierno y las empresas para evitar los conflictos, dijo el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

«La mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier decisión relacionada con la actividad empresarial», dijo uno de los miembros del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, al presentar un informe al final de la visita.

«El derecho de las personas y comunidades afectadas a participar de manera significativa en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable. El Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos», afirmó.

Los Expertos reconocen el compromiso del Gobierno de implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos (UNGPs) como un elemento crítico para el desarrollo sostenible. Como parte de este compromiso los expertos dijeron que se necesitaban reformas institucionales y jurídicas inmediatas y profundas.

«Es urgente que el Congreso hondureño de conformidad con las normas internacionales elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades. La práctica de la socialización de los proyectos no equivale a una consulta significativa», señaló la Sra. Ramasastry.

Los expertos señalaron que la identificación y el tratamiento de los daños potenciales y reales a las personas que se derivan de las operaciones comerciales constituían el núcleo del concepto de la debida diligencia en materia de derechos humanos, establecido en los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta norma mundial para la acción de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar los daños a las comunidades y los trabajadores aclara que las empresas tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos, incluso en el contexto de instituciones débiles.

«En los países donde la capacidad o la voluntad de las instituciones del Estado para proteger a las personas de los impactos negativos de las inversiones y las operaciones empresariales es limitada, las empresas deben actuar con sumo cuidado y ejercer la debida diligencia correspondiente para asegurarse de que no causan, contribuyen o se vinculan con abusos a los derechos humanos», dijo otro miembro del equipo visitante de la ONU, Dante Pesce.

«Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Apreciamos la voluntad genuina de algunas asociaciones empresariales de cambiar este enfoque y mejorar el respeto corporativo por los derechos humanos, entendiendo que el respeto por los derechos humanos también es bueno para las empresas. Apoyamos este enfoque que puede inspirar a otras empresas», afirmó el Sr. Pesce.

Los expertos expresaron su profunda preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. «El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, el hostigamiento y la intimidación de los defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial y los proyectos de desarrollo a gran escala», afirmaron los expertos.

Debería haber una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo proyecto de Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción, agregaron los Expertos.

También es esencial garantizar la independencia del sistema judicial para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, dijeron.

Los miembros del Grupo de Trabajo hicieron eco del llamado de otro experto de la ONU, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, instando a la renovación del mandato actual de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), cuando esta expire en enero 2020, y el fortalecimiento de sus funciones y mandato.

El informe final del Grupo de Trabajo, incluidos los hallazgos y las recomendaciones clave, se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2020.

FIN

El Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: Sr. Surya Deva, Sra. Elżbieta Karska (Presidente), Sr. Githu Muigai (Vicepresidente), Sr. Dante Pesce y Sra. Anita Ramasastry.

El Grupo de Trabajo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de vigilancia de los derechos humanos del Consejo. El Grupo de Trabajo informa al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para que se ocupen de las situaciones específicas de los países o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos no son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sirven en su capacidad individual y no reciben un salario por su trabajo.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (resolución 17/4), constituyen la norma mundial autorizada para la adopción de medidas destinadas a salvaguardar los derechos humanos en un contexto empresarial, y aclaran lo que se espera de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar las repercusiones de la actividad empresarial en los derechos humanos.

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