Última actualización: Martes, 20 Agosto 2019, 21:59 GMT

Venezuela: Arrestos y asesinatos en protestas contra el gobierno

Fuente Human Rights Watch
Fecha de publicación 25 Enero 2019
Citar como Human Rights Watch, Venezuela: Arrestos y asesinatos en protestas contra el gobierno, 25 Enero 2019, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5c58b5074.html [Accesado el 21 Agosto 2019]
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(Nueva York) - Las autoridades venezolanas deberán ser llevadas ante la justicia si las fuerzas de seguridad recurren a las mismas tácticas represivas que han empleado en las arremetidas contra opositores en años anteriores, dijo hoy Human Rights Watch.

El 23 de enero de 2019, las fuerzas de seguridad venezolanas emplearon la fuerza para dispersar protestas masivas contra el gobierno. Otras protestas contra el gobierno, incluyendo en zonas populares que tradicionalmente lo apoyaban, también han tenido lugar en los últimos días. Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil venezolana han reportado que 26 personas fueron asesinadas, que las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno contra manifestantes y que hubo 364 detenidos. Existen, a su vez, denuncias de que las fuerzas de seguridad habrían atacado y detenido a varios periodistas que cubrían las protestas.

"Hay motivos de sobra para temer que la respuesta oficial a estas protestas seguirá el mismo patrón que venimos documentando en Venezuela desde el año 2014", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "La diferencia es que ahora la comunidad internacional está observando lo que pasa en Venezuela con más atención que nunca, así que las fuerzas de seguridad - y quienes las comandan - deberían saber que serán llevados ante la justicia por los abusos que cometan".

Cientos de miles de venezolanos salieron a las calles el 23 de enero, después de un llamado de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, quien este mes pidió al pueblo venezolano que se movilizara a favor del restablecimiento del orden constitucional en el país. Durante la protesta, Guaidó dijo que asumía las funciones de presidente interino de Venezuela y que llamaría a elecciones libres y justas.

Varios gobiernos de las Américas y de Europa han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Las autoridades venezolanas han acusado a la oposición de intentar llevar adelante un golpe de estado.

En informes publicados en 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó abusos generalizados por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. En ambos informes, concluimos que esta evidencia permitía concluir que los abusos fueron parte de una práctica sistemática por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. En el período entre las represiones de 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó otros casos de procesos penales por motivos políticos en los cuales los detenidos también sufrieron abusos durante la detención, incluyendo torturas.

Más de 13.100 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal, una ONG venezolana que viene apoyando a detenidos con asistencia legal pro-bono en los últimos años. Esto incluye a manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la correspondiente orden judicial. Más de 7.500 han sido puestos en libertad condicional, pero todavía enfrentan causas penales. Desde 2017, la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.

La impunidad por toda esta gama de abusos gubernamentales es la norma.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar en febrero de 2018 para evaluar si se han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela.

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